La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,78% en jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares, en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. El reajuste comenzará a regir en junio y afectará a millones de beneficiarios del sistema previsional argentino.
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Con este ajuste, el haber mínimo bruto pasará de $296.481,74 a $304.723,93, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.050.503,62. Tras los descuentos obligatorios, el ingreso de bolsillo mínimo será de $295.582, pero con el bono extraordinario de $70.000, quienes perciban el haber mínimo cobrarán $365.582 netos, equivalente a un ingreso total de $374.723,93 brutos.
Cabe destacar que este bono, vigente desde marzo y congelado en $70.000, no tiene actualización automática, lo que implica una pérdida progresiva frente a la inflación. La suba efectiva para quienes reciben el bono será del 2,25%, en lugar del 2,78%, por la falta de actualización de ese refuerzo.
En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto subirá a $243.779,14, y con el bono, el ingreso total será de $313.779,14. Sin embargo, el aumento acumulado en lo que va del año es de 17,38%, alineado con la inflación estimada, aunque insuficiente para recomponer el poder adquisitivo perdido.
También habrá ajustes para la AUH y las asignaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo será de $109.498 por menor de 18 años y de $356.545 por hijo con discapacidad. De esos montos, los beneficiarios cobran el 80% mensual ($87.598 y $285.236, respectivamente), y el 20% restante se liquida una vez al año, con la presentación de la libreta de salud y escolaridad.
En tanto, las asignaciones familiares para trabajadores registrados se actualizarán de acuerdo con el ingreso familiar. Los nuevos valores serán de $54.752, $36.932, $22.335 o $11.523, según el tramo que corresponda.
Aunque estos incrementos permiten mantener cierta correlación con la inflación, persisten las críticas por la falta de mecanismos automáticos de ajuste del bono y por la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.
