El nuevo acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece un sendero fiscal exigente de cara al 2025. Según la letra chica del entendimiento, la mayor parte del ajuste económico deberá ser absorbido por los consumidores, principalmente a través de la eliminación total de los subsidios.
Para alcanzar el objetivo de superávit primario del 1,3% del PBI, se prevé que el 46% del esfuerzo fiscal provenga directamente de los usuarios, que enfrentarán aumentos en tarifas de servicios públicos y combustibles. Este recorte se enmarca en la estrategia del Gobierno de Javier Milei de reducir el gasto público sin recurrir a nuevos impuestos de gran impacto.
El acuerdo aprobado por el board del FMI detalla que el ajuste 2025 será del 0,5% del PBI, tras un 2024 que cerraría con un recorte del 1,8%. Aun así, Milei aspira a ir más allá: anunció que buscará llevar el superávit primario al 1,6% del PBI, lo que implicaría un ajuste adicional de 0,3 puntos y permitiría generar un superávit financiero.
El programa fiscal también incluye la primera estimación oficial de ingresos y egresos para el año próximo, dado que el Gobierno actualmente se maneja con el Presupuesto 2023 prorrogado. El informe revela una fuerte caída en los ingresos fiscales, debido a la eliminación del Impuesto PAIS (1,1% del PBI), el efecto diluido de la devaluación de 2023 (0,2%), y otras medidas que reducirán la recaudación en 0,2%.
Para compensar esa caída, el Ejecutivo contempla nuevas medidas impositivas que aportarían un 0,4% del PBI: una reforma fiscal con impacto del 0,2% y el aumento del impuesto a los combustibles, que sumaría otro 0,3%. Sin embargo, una baja temporal en las retenciones a las exportaciones restará 0,1% del PBI.
En cuanto al gasto, el Estado planea un ahorro del 0,8% del PBI, mayormente por la eliminación de subsidios (0,6%) y una optimización del gasto social (0,2%). A pesar de estos esfuerzos, el resultado financiero del país seguiría en equilibrio, debido a que buena parte del ahorro se destinará al pago de intereses de deuda.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el ajuste se intensificará en los años siguientes: 0,9% entre 2025 y 2026, 2,2% en 2026, y 2,5% en 2027. Sin embargo, el efecto sobre el resultado financiero será limitado, porque el ahorro se canalizará al servicio de deuda, lo que dejará poco margen para reducir impuestos o aumentar el gasto.
El escenario que plantea el acuerdo con el FMI deja en claro que el ajuste no será gratuito y que la ciudadanía enfrentará el mayor costo de la disciplina fiscal, mientras el Gobierno apuesta a cumplir sus compromisos internacionales sin ampliar el déficit ni generar nueva emisión monetaria.
