Un estudio elaborado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos junto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) reveló el fuerte impacto económico de los derechos de exportación (DEX) sobre los productores agrícolas de la provincia.
Entre las campañas 2010 y 2025, el agro entrerriano dejó de percibir alrededor de 6.994 millones de dólares debido al cobro de retenciones. Esta cifra representa un promedio anual de 466 millones de dólares que no ingresaron al circuito productivo local. Según el informe, esos recursos equivaldrían por campaña a 3.700 tractores, 479.000 vaquillonas con garantía de preñez o 1.500 galpones avícolas modernos, lo que da dimensión del costo económico para el sector.
Durante la campaña 2024/25, la pérdida estimada asciende a 446 millones de dólares, mientras que para el ciclo 2025/26, bajo rendimientos promedios, se proyecta una merma de 371 millones. Aunque se destaca una mejora leve para los productores de trigo y cebada por la extensión de una alícuota reducida (9,5%) hasta marzo de 2026, el alivio fiscal apenas generaría un aumento agregado de 12 millones de dólares.
El estudio remarca que, aunque parte de la producción no se exporta sino que se industrializa o se utiliza como alimento animal, los productores igual reciben precios internos deprimidos debido a la existencia de las retenciones. Además, se enfatiza que los ingresos por DEX no son coparticipables, es decir, los fondos recaudados no regresan a las provincias ni a los municipios, lo que limita su capacidad para invertir en infraestructura rural, asistencia técnica o servicios básicos.
“Los recursos que se pierden por este tributo afectan directamente la competitividad, la capacidad de inversión y el desarrollo de las economías locales”, señala el informe. A largo plazo, estas restricciones dificultan el arraigo de los jóvenes en sus comunidades, generan migración hacia grandes ciudades y debilitan las finanzas públicas provinciales y municipales.
Los autores del estudio concluyen que una política fiscal más equilibrada y con mayor devolución territorial permitiría potenciar la eficiencia del sistema productivo, fortalecer el empleo rural y mejorar las condiciones de vida en el interior entrerriano.
