El presidente Javier Milei vetó este lunes el proyecto de ley aprobado por el Congreso que proponía aumentos en las jubilaciones y pensiones, una actualización del bono mensual para quienes perciben la mínima, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de la emergencia en discapacidad.
La decisión fue justificada por el impacto fiscal que implicarían esas medidas, lo que —según el Ejecutivo— podría afectar el equilibrio de las cuentas públicas. De este modo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) solo aplicará el aumento previsto del 1,62%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, sin los adicionales impulsados por el Congreso.
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Tensiones con el Congreso y advertencia judicial
Desde el Gobierno se advirtió que, si el Congreso insiste con la sanción de la ley, se avanzará por la vía judicial. “La política del superávit fiscal es permanente”, había adelantado Milei días atrás ante la Bolsa de Comercio, reafirmando su compromiso con la austeridad y el control del gasto público.
¿Qué incluía el proyecto vetado?
La ley aprobada por ambas cámaras establecía:
- Un aumento del 7,2% en todos los haberes y pensiones, salvo los regímenes especiales.
- Bono mensual de $110.000 para jubilaciones mínimas, con actualizaciones según inflación.
- Extensión de la moratoria previsional por dos años.
- Declaración de emergencia en discapacidad.
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¿Qué recibirán finalmente los jubilados?
Con el veto vigente, las jubilaciones y pensiones mínimas recibirán solo el aumento del 1,62%, más el bono de $70.000 establecido previamente. De este modo, el haber total ascenderá a $384.305,37 (compuesto por $314.305,37 de haber mínimo más el bono).
Otros montos confirmados:
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $321.444,30
($251.444,30 + $70.000) - PNC por Invalidez o Vejez: $290.013,76
($220.013,76 + $70.000)
Para quienes perciban más del haber mínimo, el bono será proporcional hasta alcanzar la cifra tope.
Proyecciones y debate a futuro
El Gobierno continúa sosteniendo el esquema de ajuste mensual por inflación con dos meses de rezago, tal como se definió a comienzos de 2024. No obstante, el rechazo al proyecto generó críticas desde distintos sectores políticos y organizaciones de jubilados, que cuestionan la pérdida del poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.
La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso sigue en aumento, y la puja por las jubilaciones promete escalar tanto en el plano legislativo como en el judicial.
