A una década de iniciado el litigio por la expropiación de YPF, la Corte de Apelaciones de Nueva York deberá resolver este martes 12 de agosto si mantiene la medida cautelar que suspende la entrega del 51% de las acciones de la petrolera, en poder del Estado argentino, como forma de pago por el juicio de US$ 16.100 millones que enfrenta el país.
La jueza Loretta Preska determinó en junio que ese monto debía cancelarse con el paquete accionario estatal, pero el Gobierno argentino solicitó mantener la suspensión, advirtiendo que el traspaso afectaría la soberanía energética y la operatoria de la compañía.
La Corte podría:
- Conceder la continuidad de la medida cautelar.
- Negar la cautelar y ordenar la ejecución inmediata de las acciones.
- Mantener la suspensión pero exigir otros activos como bonos de mediano o largo plazo.
En caso de que la medida cautelar no se mantenga, Argentina deberá negociar un acuerdo con los acreedores o arriesgarse al desacato, lo que podría implicar embargos sobre activos de YPF, reservas del Banco Central y restricciones para acceder a los mercados de capitales.
El origen de este litigio se remonta a la reestatización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Estado expropió el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol sin realizar la Oferta Pública de Adquisición prevista en el estatuto de la compañía. Esa omisión perjudicó a inversores con títulos en Wall Street, dando lugar a un juicio en Nueva York.
El caso fue impulsado por el fondo Burford Capital, que adquirió en subasta el derecho a litigar tras la quiebra del Grupo Petersen, accionista del 25% de YPF. Según el fallo, un 70% de lo que se cobre irá a Burford y el 30% a los acreedores del Grupo Petersen.
La decisión de la Corte de Apelaciones será clave para definir si Argentina puede evitar el traspaso inmediato de las acciones o si deberá afrontar una compensación millonaria que sigue sumando más de US$ 2 millones diarios en intereses. (Con información de NA)
