El Tribunal de Goya condenó a 12 años de prisión a Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, por los delitos de estafa y asociación ilícita en la provincia de Corrientes. La sentencia, anunciada este martes, también incluyó penas de 8 años de cárcel para sus socios Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino.
El fallo había sido anticipado el viernes pasado, cuando los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte declararon culpable a Cositorto y a su equipo por liderar un esquema de fraude financiero que afectó a decenas de personas.
Si bien la condena no está firme y podría ser apelada ante la Cámara de Casación, Cositorto deberá regresar a la prisión de Bower, en Córdoba, donde estaba detenido antes del inicio del juicio. Además, enfrenta otros procesos judiciales, incluido el caso principal contra Generación Zoe en Villa María, Córdoba, bajo la investigación de la fiscal Juliana Companys.
Cositorto se quebró ante el tribunal: «Nunca tuvimos la intención de estafar a nadie»
En sus últimas palabras antes de la sentencia, Cositorto se mostró visiblemente emocionado y entre lágrimas aseguró: «Nunca tuvimos la intención de estafar a nadie». También pidió disculpas al juez Ricardo Carabajal por los exabruptos ocurridos el viernes, cuando gritó contra el tribunal y tuvo que ser retirado esposado de la sala.
El empresario denunció corrupción en la causa y anunció su intención de postularse a diputado por la provincia de Buenos Aires. «Voy a entrar como candidato, si los políticos me lo permiten», afirmó.
Además, insistió en su inocencia y en la falta de pruebas concretas en su contra. «Nosotros de acá no nos llevamos ningún dinero», aseguró, y defendió que su empresa siempre «pensó en grande», aunque «se mantuvo sencilla, estudiando y ayudando a la gente».
Un juicio con escándalos y acusaciones de fraude financiero
El proceso judicial en Corrientes se enfocó en demostrar que Generación Zoe operaba como una estafa piramidal. La fiscalía, representada por Rubén Barry y María Eugenia Ballará, presentó pruebas de que la organización prometía altas rentabilidades a cambio de inversiones, pero en realidad utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, hasta que colapsó dejando sin respuesta a los damnificados.
El abogado querellante, Pablo Andrés Fleitas, argumentó que se trataba de un esquema de fraude financiero «disfrazado de coaching y criptomonedas», diseñado para atraer víctimas con falsas promesas de ganancias extraordinarias.
Por su parte, la defensa de Cositorto rechazó las acusaciones y sostuvo que el caso carecía de pruebas concretas, como pericias contables que certificaran las supuestas estafas. Además, responsabilizó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por intervenir en la empresa y bloquear sus fondos, lo que habría provocado el incumplimiento de los pagos a los inversores.
Mientras la defensa prepara su apelación, Cositorto seguirá detenido en Córdoba y deberá afrontar nuevos juicios por su rol en una de las mayores estafas financieras de los últimos años en Argentina.
