Un informe recientemente publicado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco, reveló que en la provincia de Entre Ríos se dictaron siete sentencias condenatorias por lavado de activos entre 2019 y marzo de 2024. La cifra posiciona a la jurisdicción entre las más activas en términos de condenas por este delito económico.
El informe estadístico, que analiza 91 sentencias dictadas por Tribunales Orales en lo Criminal Federal y en lo Penal Económico de todo el país, releva información sobre delitos precedentes, modalidades de blanqueo, y sanciones impuestas a personas físicas y jurídicas. La investigación cobra relevancia en el marco de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del GAFILAT, que monitorean el cumplimiento de los estándares globales en materia de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En el país, las provincias con mayor número de condenas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (20), Buenos Aires (15), Santa Fe (10) y Corrientes (9), seguidas por Entre Ríos, con 7 sentencias. El estudio destaca que la mayoría de los casos se relacionan con delitos precedentes como narcotráfico, contrabando, fraudes económicos y hechos de corrupción.
El documento también pone de relieve que 183 personas fueron condenadas por autolavado –cuando el mismo autor del delito precedente intenta blanquear los fondos– y otras 128 por lavado de activos de terceros. A su vez, 26 personas jurídicas recibieron condenas, incluidas sanciones como cancelación de personería jurídica, pérdida de beneficios estatales y multas.
El trabajo de sistematización y análisis de la PROCELAC fue especialmente intensificado en 2024, como parte de los esfuerzos del Estado argentino por fortalecer sus mecanismos de control financiero. El resultado fue positivo, ya que el GAFI no incluyó al país en su “lista gris”, al no detectar deficiencias estratégicas que representen un riesgo para el sistema financiero internacional.
Con este informe, el organismo busca mejorar las estrategias de persecución penal, detectar patrones comunes en las maniobras de blanqueo, y contribuir al fortalecimiento institucional frente a delitos complejos. (Con informacion de AHORA)
