El próximo miércoles 13 de agosto vence el plazo fijado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para que todos los condenados en la causa Vialidad depositen $684.000 millones en concepto de reparación por los delitos cometidos contra el Estado.
Según pudo confirmar TN, la cuenta judicial abierta en el Banco Nación para recibir los fondos permanece sin movimientos. Si esta situación se mantiene, el tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso avanzará con la ejecución de los bienes embargados al inicio del proceso, hasta cubrir la suma establecida.
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La medida, explicaron los jueces, es consecuencia del “daño producido al erario público como provecho de un gravísimo hecho de corrupción” y se ejecutará con apercibimiento sobre los bienes disponibles. El monto se reclama de forma solidaria, por lo que los condenados deberán acordar entre sí cuánto aporta cada uno.
En el caso de Cristina Kirchner, la situación es compleja. La expresidenta cedió en 2016 todo su patrimonio a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y actualmente su único ingreso declarado es su jubilación. Además, enfrenta otros embargos millonarios en la causa Hotesur-Los Sauces, que incluye 6 millones de dólares, 50 propiedades, terrenos y vehículos.
El dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola detalla bienes alcanzados por embargos, entre ellos: cuatro cajas de ahorro (tres en pesos y una en dólares), cuentas comitentes, una caja de seguridad en el Banco Galicia, plazos fijos en el Banco de Santa Cruz, y cuentas en la Caja de Valores y el Registro de Tenedores de Bonos.
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Otra vía posible, aunque más difícil, sería que la Justicia cuestione la herencia anticipada a sus hijos, intentando demostrar que buscó evitar futuros decomisos.
En paralelo, Cristina Kirchner impulsa un reclamo judicial para recuperar su jubilación de privilegio y pensión vitalicia, dadas de baja por el Gobierno tras su condena en Vialidad. Su defensa argumenta que la medida vulnera derechos alimentarios y de subsistencia. Sin embargo, incluso si se embargara un porcentaje de ese ingreso, sería insignificante frente al monto de la reparación exigida. (Con información de TN)
