El 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero, pocos días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento a los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA. Su muerte, rodeada de controversias y sospechas, se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia reciente de Argentina.
Los primeros días de la investigación estuvieron marcados por irregularidades. Más de 80 personas ingresaron a la escena del crimen, contaminando pruebas clave. La primera autopsia y los peritajes iniciales señalaron un posible suicidio, pero las dudas sobre la ausencia de huellas en el arma y otros detalles alimentaron teorías alternativas.
El caso tomó un giro con la llegada de Mauricio Macri al poder en 2015. Un informe de la Gendarmería en 2017 afirmó que Nisman había sido asesinado, basándose en pruebas que indicaban la intervención de terceros. La hipótesis fue avalada por la Cámara Federal en 2018, oficializando la postura del homicidio. Sin embargo, esta conclusión fue cuestionada por especialistas y por Diego Lagomarsino, quien había prestado el arma al fiscal y defendía la tesis del suicidio.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la causa avanzó lentamente. En 2022, nuevas declaraciones de exagentes de inteligencia abrieron líneas de investigación sobre una supuesta «guerra de espías». Con la llegada de Javier Milei al poder, la postura oficial se inclinó claramente hacia la teoría del homicidio. En los últimos días, el gobierno desclasificó documentos de inteligencia relacionados con el caso, reactivando la investigación.
El fiscal Eduardo Taiano sostiene que Nisman fue víctima de un homicidio motivado por su labor en la UFI-AMIA y su denuncia contra el Memorándum con Irán. A pesar de los avances en la causa, no hay sospechosos identificados ni certezas sobre lo ocurrido.
El caso Nisman sigue siendo un reflejo de las profundas divisiones políticas y sociales en Argentina. A diez años de su muerte, la búsqueda de justicia continúa, mientras el debate entre suicidio y homicidio persiste como una herida abierta en la memoria colectiva del país.
