En una nueva jornada legislativa de alto voltaje político, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que declara la emergencia en pediatría en todo el país. Con 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones, la iniciativa obtuvo una mayoría agravada de dos tercios, lo que complica cualquier intento del Poder Ejecutivo de desactivar su efecto si decide vetarla.
La ley —impulsada por la oposición en medio de la crisis del Hospital Garrahan y los reclamos del personal de salud— establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos al sistema pediátrico durante los próximos dos años. Además, declara al Garrahan como hospital de referencia nacional en atención de alta complejidad y exige garantizar su “funcionamiento pleno y sostenido”.
Entre sus puntos más destacados, el proyecto prevé:
- Inversión en bienes de uso y consumo, insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y tecnología médica.
- Recomposición salarial inmediata del personal pediátrico (incluidos residentes), que deberá equipararse al nivel de noviembre de 2023 en términos reales.
- Exención del Impuesto a las Ganancias para trabajadores de salud pediátrica que realicen tareas críticas, horas extra o guardias.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, equiparar los sueldos al nivel de 2023 implicaría un gasto adicional de $65.573 millones entre julio y diciembre, y $133.433 millones anualizados.
El médico y diputado nacional Facundo Manes, uno de los principales impulsores del proyecto, señaló:
“En hospitales como el Garrahan se lucha con humanidad y ciencia. No se atienden números, se salvan vidas. La salud pública es un motor de desarrollo económico y humano.”
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, advirtió sobre el impacto nacional:
“El Garrahan atendió a 355.000 niños de todas las provincias en 2024. No hay otro lugar para los casos de alta complejidad. Si esto sale mal, no hay vuelta atrás.”
Desde el oficialismo, sin embargo, ya anticiparon que vetarán el proyecto si se convierte en ley. La diputada libertaria Juliana Santillán expresó su rechazo:
“La emergencia no tiene sustento técnico y promueve gasto sin control. Solo busca legalizar privilegios sectoriales e inflar burocracias ineficientes.”
A pesar de la resistencia del Gobierno, la contundente mayoría obtenida en la votación podría abrir un conflicto institucional si el Ejecutivo intenta frenar la norma. En ese caso, el Congreso tendría la posibilidad de insistir con la ley y forzar su aplicación, dado el respaldo alcanzado.
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