La Cámara de Diputados abrirá este miércoles el debate sobre el Presupuesto 2026 en un contexto marcado por la crisis cambiaria y la pérdida de reservas internacionales. El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, buscará avanzar con un cronograma de trabajo en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, mientras que la oposición exige la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para dar explicaciones sobre la situación financiera.
El reclamo opositor se intensificó tras la venta de más de 1.000 millones de dólares en reservas en apenas dos días, en un escenario en el que el dólar superó los $1.500, por encima de la meta oficial de $1.423 para diciembre de 2026. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia para Siempre sostienen que la ausencia de Caputo en el Congreso desde diciembre de 2023 es “inadmisible”.
El oficialismo, sin embargo, se niega a que Caputo y Bausili concurran y propondrá que en su lugar asistan funcionarios de segunda línea, como el secretario de Hacienda, Jorge Guberman; el de Finanzas, Pablo Quirno; y el de Política Económica, José Luis Daza. Con esta estrategia, el Gobierno intentará dilatar el debate hasta después de las elecciones de octubre.
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Los números clave del Presupuesto 2026
El proyecto prevé un gasto total de 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que arroja un superávit de 2 billones. Entre los principales destinos del gasto:
- 106 billones para prestaciones sociales.
- 14 billones para el pago de deuda pública.
- 8 billones para administración gubernamental.
- 7 billones para defensa y seguridad.
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El Gobierno proyecta para 2026 una inflación del 10,1%, un crecimiento económico del 5% y un dólar a $1.423. También contempla un aumento del 5% en jubilaciones, un 17% más en salud y un refuerzo de partidas universitarias a 4,8 billones de pesos frente a los 3,6 billones del año pasado.
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No obstante, los rectores reclaman 7,2 billones para garantizar el funcionamiento de las universidades, y los gobernadores presionan por más transferencias de coparticipación y ATN, además de mayores recursos para obras públicas.
El primer debate servirá para ordenar la agenda de exposiciones y fijar plazos. La oposición propondrá el 20 de noviembre como fecha límite para el dictamen, con el objetivo de evitar la suspensión de la discusión como ocurrió en 2024.
