El Gobierno nacional anunció la disolución de cinco fondos fiduciarios debido a graves irregularidades detectadas en auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Según el Decreto 1048/24, publicado este martes en el Boletín Oficial, la medida responde al mal uso de recursos, falta de controles y ausencia de resultados efectivos.
Los fondos disueltos son:
- Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)
- Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria
- Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata
- Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE)
- Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA)
Causas y consecuencias
El Ministerio de Economía señaló que estas disoluciones buscan «resolver ineficiencias y desvíos en la administración de los recursos públicos». Entre las principales irregularidades se detectaron:
- FONDCE: Deficiencias en la recuperación de inversiones, falta de manuales operativos y morosidad del 58% en los préstamos reembolsables, comprometiendo su estabilidad financiera.
- Refinanciación Hipotecaria: Recursos excedentes, bases de datos desactualizadas y registros no confiables que impedían un adecuado control de los deudores.
- PROINE: Cuatro años de inactividad sin ingresos ni operaciones fiduciarias desde su creación.
- Fondo de Víctimas de Trata: Retrasos e incumplimientos en los pagos a víctimas, violando la Ley 26.364, aunque se garantizará la continuidad de sus objetivos mediante el Ministerio de Justicia.
- PROICSA: Ausencia de rendiciones de cuentas, costos administrativos elevados y financiamiento discrecional tras agotar sus recursos en 2020.
Reacciones y próximos pasos
El Ejecutivo aseguró que mantendrá los objetivos previstos en cada fondo, canalizándolos a través de partidas presupuestarias específicas. Además, instó a reforzar los controles sobre futuros mecanismos fiduciarios.
La medida se enmarca en un plan más amplio de revisión y optimización de los fondos fiduciarios públicos, buscando una administración más eficiente y transparente de los recursos estatales.
