El Gobierno nacional eliminó la obligación de reinscripción y el pago anual de una tasa ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para los Legítimos Usuarios Comerciales, Colectivos, Cinegéticos y Entidades de Tiro, como parte de su política de desregulación y simplificación del Estado.
La medida fue oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma del titular de la ANMaC, Juan Pablo Allan. Hasta ahora, los usuarios debían abonar una tasa anual que oscilaba entre $20.000 y $200.000, incluso cuando los permisos tenían una vigencia de cinco años. Con esta reforma, el arancel se abonará solo una vez cada cinco años.
Además de reducir el costo, la nueva disposición simplifica los trámites administrativos. Ya no será necesario presentar una reinscripción anual sin novedades, ni informar cambios societarios con cada renovación. En cambio, los usuarios deberán notificar cualquier modificación relevante dentro de los 30 días posteriores a que ocurra.
Desde el Ministerio de Seguridad, de quien depende la ANMaC, explicaron que la resolución “aligera procesos sin debilitar los controles”, y busca “reducir cargas innecesarias” para quienes participan en actividades relacionadas con la industria, el deporte y el comercio legal de armas.
Más medidas en el mismo sentido
Esta resolución se suma a una serie de decisiones recientes que apuntan a flexibilizar el régimen de tenencia legal de armas en el país. Entre ellas, se destaca:
- La habilitación de la compra y tenencia de armas semiautomáticas bajo régimen de control especial, derogando una prohibición que regía desde 1995.
- El lanzamiento de la “Tenencia Express”, un procedimiento simplificado para usuarios particulares y fuerzas de seguridad.
- La reducción de la edad mínima para ser legítimo usuario, que pasó de 21 a 18 años, en consonancia con el Código Civil y Comercial.
Según el Ejecutivo, estas reformas apuntan a modernizar la normativa vigente sin relajar los estándares de seguridad, permitiendo una relación más ágil entre el Estado y quienes utilizan armas legalmente. (Con información de Boletín Oficial y Clarín)
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