El Gobierno argentino, liderado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encuentra en la mira de barras bravas de cinco clubes de fútbol por su implicación en los violentos incidentes ocurridos durante la marcha en apoyo a los jubilados frente al Congreso. En esta ocasión, Bullrich anunció que se presentarán denuncias ante la Justicia Federal contra los involucrados, que incluyen a barras de segundas y terceras líneas de Nueva Chicago, Rosario Central, Newell’s, Chacarita e Independiente.
“Las barrabravas están pagas por lo peor. Ahora tenemos que averiguar quién les pagó”, enfatizó Bullrich mientras supervisaba el operativo policial que resultó en 124 detenidos y más de 20 heridos. La ministra indicó que los enfrentamientos no solo fueron obra de hinchas, sino que evidencian un vínculo entre el fútbol y la política, mencionando a La Cámpora y su relación con el senador Emmanuel Santalla como parte del trasfondo de la violencia.
El vínculo entre el club Nueva Chicago y el peronismo local también es objeto de investigación, ya que su vicepresidente, Pablo Olmos, es hermano de Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández. Además, uno de los detenidos, Daniel “Tano” Catalano, está vinculado a ATE Capital y es cercano a Cristina Kirchner. Bullrich destaca que las conexiones políticas son cruciales para entender la dinámica de los incidentes.
El operativo policial, que movilizó a mil efectivos, fue similar al que se utiliza en un “superclásico” y se dio en un contexto de endurecimiento del derecho de admisión en el fútbol. Con la reciente Resolución 301/2025, el Ministerio de Seguridad tiene la facultad de restringir el acceso a espectáculos deportivos a personas que representen un riesgo para la seguridad pública. Todos los detenidos enfrentarán la prohibición de ingresar a los estadios de fútbol.
Bullrich también criticó la decisión de una jueza que liberó a 114 detenidos, argumentando que la interpretación de la ley dificulta combatir la violencia organizada. “La policía trabaja en la identificación de las personas que participaron; hay filmaciones de todo”, aseguró la ministra, subrayando el compromiso del Gobierno por llevar a los responsables ante la justicia.
El costo de los daños en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores supera los 400 millones de pesos, mientras un fotógrafo permanece internado en estado grave tras recibir un impacto de gas lacrimógeno. El Gobierno cree que las investigaciones deben extenderse a la Justicia Federal para esclarecer las conexiones políticas y económicas detrás de estos disturbios.
