Desde este martes, Vialidad Nacional asumió formalmente el control de las rutas nacionales 12, 14 y 174, luego de que el Gobierno Nacional decidiera rescindir el contrato con la concesionaria Caminos del Río Uruguay. Como parte de la medida, se levantaron las barreras de peaje en las estaciones de Zárate, Colonia Elía, Yeruá, Piedritas e Isla Deseada.
“El Estado garantizará la libre circulación y la seguridad vial en todo el corredor”, informaron desde el organismo, anunciando también un plan de acción inmediata para atender el deterioro de la traza.
Las tareas iniciales incluyen corte de pastos y desmalezado en más de 3.000 hectáreas, bacheo urgente con más de 4.600 toneladas de asfalto en caliente y la reposición de señalética y elementos de seguridad vial en los tramos más críticos.
Asistencia al usuario y herramientas digitales
Vialidad Nacional también activó un esquema de asistencia gratuita a los usuarios, con servicio de grúas, emergencias y atención 24/7, que se canaliza a través de la línea 0800 y el Centro de Atención al Usuario. Además, se implementó un botón de emergencia en el sitio web oficial para reportar incidentes sobre las rutas intervenidas.
“El corredor es una vía estratégica para el comercio internacional, por lo que mantendremos operatividad y conectividad hasta que se concrete la nueva licitación”, expresaron desde el Ministerio de Obras Públicas.
Mientras tanto, la Red Federal de Concesiones se prepara para asumir la operación futura, y Vialidad mantendrá activa su plataforma digital de consulta en argentina.gob.ar/rutasnacionales.
Tensión en Zárate y futuro laboral incierto
En el peaje Zárate–Brazo Largo, la jornada estuvo marcada por la presencia de gendarmes y el emotivo cierre de la estación. Ricardo Cuñat, jefe del lugar durante 22 años, se despidió de sus compañeros entre aplausos y lágrimas: “Estuve arriba porque lo que está abajo funcionó y me apoyó. Fue un placer trabajar con ustedes”, expresó.
Sin embargo, la situación generó preocupación entre los trabajadores. El gremio SUTPA denunció la incertidumbre sobre el futuro de más de 500 empleados. Facundo Moyano, secretario adjunto del sindicato, cuestionó duramente al Gobierno: “Este gobierno desprecia al Estado, pero le entrega la gestión a Vialidad sin saber cómo operar ni con quién”.
Moyano también apuntó contra la propia Vialidad Nacional, a la que calificó como “la institución más corrupta del sistema”, y prometió que “SUTPA será protagonista en la defensa de los trabajadores y del sistema vial”.
Ante esto, Vialidad Nacional emitió un comunicado aclarando que la situación laboral es responsabilidad de la concesionaria saliente, no del Estado, y que el traspaso se realizó según lo previsto, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa del servicio.
