El Gobierno de Entre Ríos presentó dos juicios contra el Estado Nacional que, en conjunto, suman casi 1.000 millones de dólares, una cifra sin antecedentes en la historia judicial de la provincia. Ambos casos se encuentran en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fueron impulsados por la Fiscalía de Estado, por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio.
El primero de los juicios se refiere al incumplimiento por parte de ANSES de los compromisos establecidos en los Pactos Fiscales de 2017, relacionados con la asistencia financiera a las cajas previsionales no transferidas. La demanda reclama el pago de una deuda que supera los 200 mil millones de pesos, calculada en base a diferencias históricas desde 2017, actualizadas con intereses, y que incluye retrasos en la transferencia de fondos, diferencias de cálculo y falta de actualización según el índice de movilidad del SIPA.
El segundo juicio es por el incumplimiento del Pacto Intrafederal de 1998, relacionado con la distribución de excedentes por la explotación de la represa de Salto Grande. La provincia exige la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, que habrían reducido arbitrariamente los excedentes destinados a Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Según el planteo, estas medidas afectan gravemente los derechos de las provincias firmantes y alteran el equilibrio económico reparatorio previsto en el acuerdo original.
Esta semana, el gobernador Frigerio junto al fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, firmaron la ampliación de la demanda por Salto Grande, precisando que la suma retroactiva reclamada alcanza los 724 millones de dólares.
De esta manera, Entre Ríos se posiciona como una de las provincias que más reclama judicialmente al Estado Nacional en la actualidad, en busca de una compensación económica que, según los argumentos oficiales, le corresponde por derecho y por compromiso previo.
