El interventor del Iosper, Mariano Gallegos, confirmó que el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos remitió al Procurador General Jorge García la documentación recolectada durante la intervención del organismo, a fin de que el Ministerio Público Fiscal evalúe si existieron delitos penales en la administración de la obra social.
«La intervención, dispuesta en diciembre, permitió realizar un relevamiento exhaustivo que detectó irregularidades muy graves, especialmente en el circuito de provisión de prótesis», explicó Gallegos. Según detalló, existiría una presunta connivencia entre prestadores y autoridades del Iosper, con maniobras que habrían generado perjuicios económicos a la institución.
El funcionario afirmó que, dada la gravedad de los hallazgos, el Tribunal de Cuentas elevó la información a la Justicia, lo que activa un proceso penal que buscará establecer responsabilidades y eventuales delitos contra la administración pública.
Gallegos también reveló que la Comisión Fiscalizadora enfrentó serias trabas iniciales por parte de las antiguas autoridades del Iosper, quienes se negaban a entregar documentación clave. No obstante, la intervención permitió acceder a toda la información y a los sistemas informáticos. «El trabajo fue técnico y riguroso. Hoy hay elementos objetivos en manos de la Justicia», remarcó.
Finalmente, subrayó que el Gobierno de Entre Ríos continuará avanzando en el proyecto de ley para la creación de la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER). El objetivo, dijo, es construir una entidad más moderna, con mayor control institucional y mejores servicios para los trabajadores estatales.
