En una decisión que profundiza la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, el presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a tres leyes de contenido social aprobadas recientemente por el Parlamento. Lo hizo mediante el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial, dejando sin efecto iniciativas vinculadas a mejoras en jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
El Gobierno justificó el veto alegando que las normas eran «fiscalmente irresponsables» y contravenían la Ley de Administración Financiera, ya que no contemplaban fuentes genuinas de financiamiento. En un contexto de ajuste económico, la administración nacional reafirma su compromiso con el déficit cero como eje rector de la política económica.
Argumentos económicos y objeciones legales
Según el decreto presidencial, los proyectos implicaban un costo fiscal superior a los $7 billones en 2025 y $17 billones en 2026, lo que representaría hasta el 1,68% del PBI. Desde el Ejecutivo se advirtió que su aprobación ponía en riesgo las metas fiscales establecidas para estabilizar la economía.
A esto se suma la denuncia de irregularidades parlamentarias. El texto afirma que la sesión del Senado en la que se aprobaron los proyectos estuvo “viciada de nulidades” por falta de citación adecuada y el uso de mayorías simples en votaciones que requerían dos tercios, lo cual se atribuyó a una «ilegítima interpretación del Reglamento».
“El equilibrio fiscal es innegociable”, remarca el decreto, dejando en claro que no habrá concesiones en materia presupuestaria, incluso ante demandas de alto impacto social.
Qué establecían las leyes vetadas
- Ley de aumento previsional: incluía un aumento de emergencia del 7,2%, un bono mensual de $110.000 ajustable por inflación, y transferencias a cajas previsionales provinciales.
- Plan de Pago de Deuda Previsional: permitía acceder a la jubilación sin los 30 años de aportes exigidos, y ampliaba el acceso a la PUAM, beneficiando a adultos mayores sin cobertura.
- Emergencia en Discapacidad: declaraba la emergencia nacional hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva, e incluía compensaciones económicas para prestadores del sistema.
Qué puede pasar ahora: la clave está en el Congreso
Con el veto total ya oficializado, la única posibilidad para que las leyes entren en vigor es que el Congreso insista con su aprobación mediante una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras. Sin embargo, el mapa legislativo fragmentado vuelve este escenario poco probable.
En paralelo, organizaciones sociales, gremios y colectivos de personas con discapacidad ya anticipan movilizaciones y reclamos para exigir la restitución de las medidas vetadas, que consideran esenciales ante la actual crisis económica.
Desde la Casa Rosada, sin embargo, el mensaje es contundente: “No se cederá ante presiones” que impliquen comprometer el orden macroeconómico. (Con información del Boletín Oficial y NA)
