Este lunes se oficializó la promulgación de la ley que disuelve al Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper) y da lugar a la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), una reforma estructural en el sistema de cobertura de salud para empleados públicos de la provincia. La norma fue publicada en el Boletín Oficial N° 28.111 y establece un plazo de 180 días para su reglamentación.
El proyecto, que generó rechazo tanto en gremios como en sectores de la oposición, fue aprobado el 6 de junio en la Cámara de Diputados tras haber obtenido media sanción en el Senado el 28 de mayo. Durante su tratamiento, la Intersindical en Defensa del Iosper organizó protestas y participó activamente en las reuniones de comisión para expresar su desacuerdo con la iniciativa.
Entre los principales cambios introducidos por la ley se destaca que la OSER dependerá del Ministerio de Salud y estará dirigida por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, además de dos vocales propuestos por gremios docentes y estatales. También se prevé la creación de un Consejo Consultivo sin poder de voto y la incorporación automática de los actuales afiliados del Iosper a la nueva obra social.
La ley establece mecanismos de fiscalización mediante la designación de dos síndicos, uno de ellos propuesto por la oposición, y promueve la transparencia mediante la publicación en línea de sueldos, contrataciones y autoridades.
Sin embargo, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) denunció que la reforma implica una «privatización encubierta», acusando al gobierno de Rogelio Frigerio de avanzar en una política de «ajuste y Caja». El sindicato criticó la falta de claridad sobre los aportes y el diseño de un directorio con «mayoría automática del Ejecutivo».
En un comunicado contundente, Agmer advirtió que los legisladores que votaron a favor de la ley “quedarán escritos, sin lugar para el olvido”, y se comprometió a continuar la lucha en defensa de una obra social «con sentido colectivo» y manejada por sus verdaderos dueños: los trabajadores estatales.
