El Gobierno nacional decidió judicializar la polémica por las filtraciones de audios que involucran a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. Este lunes, el juez federal en lo civil y comercial Alejandro Maraniello ordenó el “cese de la difusión” de los archivos que habrían sido grabados en la Casa Rosada, luego de una presentación realizada por el Ejecutivo.
El fallo dispuso que ningún medio de comunicación, red social o plataforma digital podrá propalar o divulgar los registros atribuidos a Karina Milei, difundidos desde el 29 de agosto de 2025. Además, se ordenó una comunicación urgente al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para garantizar su cumplimiento.
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En paralelo, la Casa Rosada presentó una denuncia en el fuero federal penal, con la firma del Ministerio de Seguridad de la Nación, que recayó por sorteo en el Juzgado Federal 12 de Comodoro Py, a cargo del juez subrogante Julián Ercolini. En ese escrito también se solicitaron medidas cautelares para impedir nuevas filtraciones ilícitas y preservar la privacidad institucional.
Reuniones en Balcarce 50
La decisión de avanzar en la vía judicial se gestó el viernes pasado, en una reunión de urgencia en Balcarce 50, tras considerar que las filtraciones respondían a una “operación de inteligencia ilegal”.
El encuentro se realizó en las oficinas del asesor presidencial Santiago Caputo y contó con la presencia de Manuel Adorni (vocero presidencial), Sebastián Amerio (secretario de Justicia), Santiago Viola (abogado y apoderado de La Libertad Avanza), Belén Stettler (exsecretaria de Comunicación) y Manuel Vidal (consultor).
Si bien el contenido de los audios no generó mayor preocupación en el oficialismo, la posibilidad de que hubieran sido grabados dentro de la Casa de Gobierno encendió las alarmas y derivó en las denuncias presentadas este lunes.
Investigación en curso
Ahora, la estrategia del Gobierno se centra en determinar cómo fueron obtenidos los archivos y quiénes están detrás de las filtraciones que, hasta la semana pasada, se venían difundiendo de manera fragmentada.
Con la intervención judicial, el oficialismo busca cerrar filas frente a una situación que generó inquietud interna y abrir una investigación sobre posibles responsables de la maniobra. Con información de TN
