El Gobierno de Entre Ríos cesanteó de forma definitiva a María de Lourdes Lugrin, empleada administrativa del Hospital y Hogar de Ancianos “San Roque María A. de Francou” de Villa Elisa, por su implicación en una serie de cobros indebidos y la desaparición de fondos públicos que superan el millón de pesos.
La medida se oficializó a través del Boletín Oficial N.º 28.128, luego de culminar el sumario administrativo iniciado por el Ministerio de Salud provincial. La resolución marca el fin de una etapa administrativa en una causa que expuso graves irregularidades en el manejo de recursos del hospital. La situación involucra también a su hermana, Claudia Lorena Lugrin, exadministradora del nosocomio, ya condenada penalmente por peculado y exacciones ilegales.
Según la auditoría contable, entre enero de 2020 y mayo de 2021 ingresaron $1.714.649 al hospital en conceptos de pensiones, colaboraciones y donaciones. Sin embargo, sólo pudieron constatarse $228.200 en efectivo secuestrado y $132.460 registrados oficialmente. La diferencia no justificada asciende a $1.353.989, evidenciando un grave desvío de fondos.
El decreto provincial señala que María de Lourdes Lugrin, pese a su rol subordinado, tenía pleno conocimiento de las maniobras ilegales, incluyendo cobros indebidos por servicios como el suministro de oxígeno, y que no denunció los hechos.
El caso se destapó tras la denuncia de Clarisa Inés Marano Roude, quien aseguró que se le exigió una “colaboración” de $5.000 por oxígeno administrado a su padre, internado por COVID-19. A partir de allí, se desplegó una investigación que incluyó declaraciones claves, como la de Ana Gabriela Diez, contadora y exsubsecretaria de Administración del Ministerio de Salud, quien afirmó que ningún efector público puede cobrar por servicios médicos.
Aunque la mayor responsabilidad penal recayó sobre la administradora principal, el decreto remarca que la cesanteada no está exenta de su propia responsabilidad, tanto por su vínculo familiar como por su rol directo en la gestión administrativa.
La cesantía representa una fuerte sanción administrativa, pero la causa sigue su curso en la justicia. No se descartan nuevas imputaciones en un caso que evidenció una profunda vulneración al sistema de salud público en Entre Ríos. (Con información de Elonce)
