El Gobierno de Entre Ríos tomó una medida inédita en el ámbito estatal: intimó a un empleado público a devolver más de ocho millones de pesos por acumular decenas de inasistencias injustificadas durante los años 2024 y 2025.
El agente en cuestión, Diego Alberto Figueroa, se desempeñaba en la División Concurso del Ministerio de Salud, bajo la Categoría 06 del Escalafón General – Carrera Administrativa. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial Nº 28.208 y establece que el trabajador deberá reintegrar $8.401.477,96 más intereses, en un plazo improrrogable de 30 días desde su notificación.
En caso de incumplimiento, la Fiscalía de Estado será la encargada de iniciar las acciones judiciales correspondientes para garantizar la recuperación de los fondos públicos.
Empleado de Salud Debera Devolver Mas de 8 000 000 Al Estado Por Faltas Injustificadas by Elochodigital
Sumario administrativo y abandono de servicio
Fuentes del Ministerio de Salud confirmaron que el caso fue caratulado como “inasistencias y abandono de servicio”, de acuerdo con los incisos A y B del artículo 71° de la Ley Nº 9755 de Empleo Público Provincial.
La normativa establece que las inasistencias injustificadas que excedan los diez días continuos o discontinuos en un año constituyen causal de cesantía, al igual que el abandono de servicio, considerado cuando un agente acumula más de cinco faltas continuas sin justificación luego de ser intimado a retomar sus tareas.
La investigación interna determinó que Figueroa no justificó 56 faltas durante 2024 y repitió la conducta en los primeros meses de 2025, lo que derivó en la sanción y en el pedido de devolución de los haberes percibidos durante el período de ausentismo.
El decreto y las acciones judiciales
El decreto provincial, firmado por las autoridades del Ministerio de Salud, expresa:
“Intímase al agente Diego Alberto Figueroa para que, en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días desde su notificación, proceda a la devolución de la suma de $8.401.477,96, más los intereses devengados y a devengarse”.
La resolución también faculta a la Fiscalía de Estado a ejecutar judicialmente la deuda si el agente no cumple con la devolución, incluyendo los gastos y honorarios que correspondan.
Una señal de firmeza en la gestión pública
La decisión fue interpretada dentro de la administración entrerriana como una advertencia hacia los empleados estatales respecto al cumplimiento de las obligaciones laborales.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que el objetivo de la medida es “preservar el funcionamiento del servicio público y garantizar el uso responsable de los recursos estatales”, en un contexto de revisión del presentismo y la productividad dentro del Estado.
Además del reintegro económico, el expediente podría derivar en la cesantía definitiva del agente, una vez concluido el proceso sumarial.
Fuentes oficiales remarcaron que estas resoluciones buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la administración pública, especialmente en sectores sensibles como la salud, donde la presencia del personal resulta esencial para asegurar la calidad de los servicios.
