La Justicia de Paz y Familia de Crespo avanzó con una serie de medidas correctivas y terapéuticas contra la estación de servicio Shell Crespo (Erich Wagner y Cia SRL), luego de que en septiembre se viralizara un video que banalizaba la violencia de género bajo el formato de un “desafío viral”.
El polémico contenido mostraba a una mujer siendo secuestrada en la estación, con una bolsa negra colocada en la cabeza antes de ser arrojada en la caja de una camioneta. El video, difundido en redes sociales como parte de una supuesta campaña humorística, generó un masivo repudio público, obligando a la empresa a pedir disculpas y eliminar la publicación.
Sin embargo, el hecho no quedó solo en la polémica digital. La jueza Vanesa Visconti, titular del Juzgado de Paz y Familia de Crespo, dispuso medidas “terapéuticas” y “acciones positivas” en el marco de la Ley N° 10.956, sancionada en 2022, que promueve la protección integral de las mujeres y la erradicación de la violencia por razones de género en Entre Ríos.
Entre las resoluciones, la magistrada ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que disponga la baja definitiva del video en todas las plataformas, aclarando que la medida no vulnera la libertad de expresión, sino que busca evitar la reproducción de un mensaje violento y estigmatizante.
Asimismo, la jueza ordenó que los responsables de la empresa, el personal de la estación, los dos playeros que aparecen en el video, la encargada de la producción del contenido y el conductor de la camioneta —quien no pertenece a la firma— realicen un curso obligatorio centrado en masculinidades y perspectiva de género.
El fallo también incluye la ejecución de “acciones positivas” de concientización y reparación simbólica, que serán diseñadas por el Poder Judicial con el objetivo de promover una comprensión real del daño causado y prevenir nuevos actos de apología de la violencia de género.
Desde la firma Shell Crespo, los responsables emitieron un comunicado público en el que reconocieron la gravedad del hecho:
“El material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de la violencia de género. De ninguna manera esa fue nuestra intención. Somos conscientes de la gravedad de esta problemática y lamentamos profundamente haber generado dolor o malestar en la comunidad”.
El caso reabrió el debate sobre la responsabilidad social de las empresas en la creación de contenidos y la necesidad de capacitación con perspectiva de género en todos los ámbitos laborales, especialmente en aquellos con amplia visibilidad pública.
