Valentina Olguín, cantante e influencer de 26 años con más de 400.000 seguidores en Instagram, está siendo investigada por la Justicia Federal tras haber utilizado el CUIT de cinco gobernadores provinciales para importar ropa del exterior. La denuncia que destapó el caso fue presentada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien confirmó que sus datos personales fueron usados sin su consentimiento.
Además de Jaldo, resultaron afectados Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis). El caso está en manos del juez federal José Manuel Díaz Vélez y el fiscal José Agustín Chit, quienes ya ordenaron allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos.

Según la investigación, Olguín recurrió al sistema de courier, menos estricto que otros canales de importación, para recibir ropa de Estados Unidos incluso después de superar el límite legal de cinco envíos o US$ 3.000 por año. Inicialmente utilizó CUIT de familiares y amigos, pero cuando estos se agotaron, recurrió a buscar CUIT en Google, según ella misma declaró, encontrando los de distintos funcionarios públicos.
“Lo hice de apurada, para agilizar”, sostuvo en diálogo con medios, y se defendió asegurando que no tuvo intención de cometer un delito. “No sabía que estaba cometiendo un delito, estoy arrepentida”, afirmó, al tiempo que negó haber robado dinero o utilizado tarjetas ajenas. Agregó que las marcas que le enviaban productos —entre ellas Revolt— pagaban los impuestos correspondientes.

La ropa se recibía en un domicilio del barrio porteño de Núñez y la imputación incluye cargos por falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos fiscales protegidos. Desde el entorno de Olguín aseguran que la joven está colaborando con la Justicia y que la causa, iniciada en diciembre, ya estaría próxima a cerrarse.
Desde los gobiernos provinciales afectados aseguraron estar al tanto de la situación y a la espera de una resolución judicial. El caso sorprendió por el perfil público de la acusada y por el uso indebido de datos personales de gobernadores, lo que elevó el tono político del escándalo.