La Justicia federal imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios, en el marco de una investigación impulsada por la Dirección General Impositiva (DGI).
La medida fue dispuesta por el fiscal Claudio Navas Rial, quien formalizó la acusación tras el avance de la denuncia presentada a comienzos de diciembre. La causa quedó radicada en el Juzgado a cargo de Diego Amarante, y representa la primera imputación penal contra Tapia y su principal colaborador en la conducción de la AFA.
Según consta en el expediente, la investigación apunta a una deuda superior a los $19.000 millones correspondiente exclusivamente a aportes jubilatorios impagos. En una instancia inicial, el organismo recaudador —dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— había estimado un perjuicio fiscal de alrededor de $7.000 millones, cifra que posteriormente fue actualizada tras nuevas auditorías.
Delitos investigados y posibles penas
La causa se encuadra en los artículos 4 y 7 de la Ley 27.430, correspondiente al Régimen Penal Tributario, que tipifica los delitos de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social. La normativa establece un plazo de 30 días para regularizar total o parcialmente las sumas retenidas.
De no cumplirse con ese requerimiento, la ley prevé penas de entre dos y seis años de prisión para el denominado “agente de retención”, figura que recae sobre quien administra los fondos y posee la clave fiscal de la entidad. En este caso, la responsabilidad principal recae sobre Claudio Tapia, en su carácter de presidente de la AFA.
Investigación en expansión
Fuentes judiciales indicaron que, debido a la compleja estructura económica de la AFA, la investigación podría ampliarse a otros dirigentes con responsabilidades administrativas. Entre los nombres mencionados figuran Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario de la entidad, y Gustavo Lorenzo, director general de la mesa directiva.
Por su parte, los abogados defensores de Tapia y Toviggino anticiparon que apelarán la imputación, al considerar que no existen responsabilidades penales individuales atribuibles a los dirigentes acusados.
La causa continúa en etapa de instrucción y podría tener un fuerte impacto institucional en la conducción del fútbol argentino, en un contexto de creciente escrutinio sobre el manejo financiero de las asociaciones deportivas.
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