Argentina inició formalmente la apelación del fallo que la obliga a entregar acciones de YPF en el marco de la nacionalización de la petrolera, cuya sentencia condenatoria asciende a US$ 16.000 millones. La presentación fue realizada ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, con el objetivo de revertir la decisión de primera instancia.
Según explicó el especialista Sebastián Maril, la defensa argentina se centra en cuatro ejes principales. Primero, sostiene que la justicia estadounidense no tiene jurisdicción para obligar a un país soberano a repatriar activos ubicados en el exterior. En segundo lugar, cuestiona que la jueza Loretta Preska aplicó de manera incorrecta la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) en relación al tratamiento de bienes fuera del territorio estadounidense.
El tercer argumento se apoya en la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) como mecanismo de protección, buscando evitar que Argentina se vea forzada a entregar las acciones de YPF. Por último, la defensa resalta las consecuencias diplomáticas que podría generar la medida, alertando que una transferencia forzada de activos podría afectar las relaciones entre ambos países.
En el marco del proceso, el gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae, apoyando la posición argentina. En su escrito, advirtió que obligar a transferir acciones extranjeras podría exceder los límites legales de ejecución de bienes de estados extranjeros, además de generar impactos adversos en la política exterior estadounidense y el tratamiento recíproco de sus propios activos en otros países.
Las autoridades estadounidenses también señalaron que entregar los activos antes de que se resuelva la apelación podría causar un daño irreparable a Argentina, ya que incluso si la Corte revoca la sentencia más adelante, sería imposible recuperar los activos ya transferidos.
Se espera que la decisión de la Cámara de Apelaciones se conozca en el primer trimestre de 2026, manteniendo la atención de la administración argentina, los acreedores involucrados y los mercados internacionales sobre el futuro de YPF y los efectos de la sentencia.
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