Un reciente informe reveló un fuerte retroceso en la cobertura de subsidios energéticos en Argentina. Durante el último año, la cantidad de hogares que perdieron el beneficio en electricidad y gas natural aumentó un 20%, en el marco de una política de depuración y recategorización de usuarios implementada por el Gobierno nacional.
En la provincia de Córdoba, el impacto es especialmente notable. En el caso del gas natural, los usuarios residenciales en Nivel 1 (N1) —quienes no reciben subsidios— pasaron de 282.252 en julio de 2024 a 341.705 este año: un aumento de 59.453 hogares. En electricidad, los N1 pasaron de 512.393 a 616.626, lo que implica que 104.233 familias deberán afrontar el costo total del servicio.
El informe advierte que el corrimiento de niveles golpeó con fuerza a los sectores más vulnerables. Muchos usuarios del Nivel 2 (N2), que incluye a quienes reciben tarifa social, fueron reclasificados al Nivel 3 (N3), de ingresos medios; y estos últimos, a su vez, pasaron al Nivel 1. Así, en gas, los usuarios N2 bajaron un 17%, y en electricidad, un 18%, lo que representa decenas de miles de familias menos con apoyo estatal.
En paralelo, el porcentaje de usuarios que pagan tarifa plena creció con fuerza. En Córdoba, el 45,7% de los usuarios de gas ya no recibe subsidios, frente al 38,2% del año anterior. En electricidad, el porcentaje de N1 subió del 34,3% al 41,1% del total provincial.
A nivel nacional, el 42% de los hogares paga el costo completo de la electricidad, mientras que el 44% abona el 88% del costo de producción del gas, según el informe presentado por Guillermo Francos ante el Congreso.
Este fenómeno se explica por controles más estrictos aplicados desde 2024, cuando la gestión de Luis Caputo ordenó el cruce de padrones con bases oficiales, eliminando beneficios a quienes no se reempadronaran o presentaran inconsistencias. Además, se establecieron límites mensuales subsidiados para los N2 y N3, y se aplicaron fuertes aumentos tarifarios: hasta 745% en gas y 465% en electricidad para sectores con tarifa social.
“El sistema pasó de declaraciones juradas a validaciones automáticas con bases oficiales, lo que evidenció muchas inexactitudes”, explicó José Luis Scarlatto, titular del Ersep.
En este nuevo esquema, el peso económico de los servicios públicos vuelve a ser un desafío clave para miles de hogares argentinos, especialmente en tiempos de inflación persistente y retracción del poder adquisitivo.
(Con información de La Voz)
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