El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó un incremento del 1,61% en los valores del servicio de transporte de energía eléctrica, una medida que podría trasladarse a las tarifas que pagan los usuarios a partir de abril. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 180/2026, firmada el 30 de marzo.
El ajuste se enmarca en el proceso de actualización de precios impulsado por el Gobierno nacional tras la declaración de emergencia energética vigente desde diciembre de 2023, que abarca los segmentos de generación, transporte y distribución eléctrica bajo jurisdicción federal.
Cómo se calculó el aumento
Según lo dispuesto por el organismo regulador, el incremento surge de la aplicación de un mecanismo de actualización que combina la evolución de indicadores económicos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En febrero de 2026, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba del 0,98%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 2,90%. La fórmula establecida pondera un 67% la variación del IPIM y un 33% la del IPC, lo que derivó en un ajuste final del 1,61% sobre los valores horarios y mensuales del servicio.
Alcance de la medida
La actualización tarifaria alcanza a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, responsable del transporte de energía en alta tensión en el país. La resolución contempla tanto la remuneración por el servicio como la actualización del promedio de sanciones mensuales históricas aplicadas a la empresa.
Los nuevos valores comenzarán a regir desde abril y forman parte del esquema de revisión tarifaria quinquenal que busca mantener las tarifas en términos reales durante el período regulatorio.
Emergencia energética y recomposición de tarifas
La medida responde a lineamientos del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía, que consideran necesario continuar con la corrección de los precios relativos de la economía, incluyendo los servicios públicos, para garantizar la sustentabilidad del sistema eléctrico.
La emergencia energética fue declarada a fines de 2023 y prorrogada en sucesivas oportunidades, con vigencia actual hasta julio de 2026. En ese contexto, el Gobierno avanza con una política de actualización gradual de tarifas para recomponer ingresos del sector y asegurar inversiones en infraestructura.
Impacto potencial en la factura de los usuarios
Aunque el incremento se aplica específicamente al segmento de transporte eléctrico, este componente forma parte de la estructura de costos que incide en la tarifa final que pagan los usuarios residenciales, comerciales e industriales. Por este motivo, el ajuste podría reflejarse en las facturas de electricidad que comiencen a emitirse a partir de abril.
La resolución también dispuso la notificación de la medida a los principales actores del mercado eléctrico, incluyendo generadores, distribuidores, grandes usuarios y la administradora del mercado mayorista, con el fin de garantizar su implementación coordinada en todo el sistema.
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