El Gobierno de Entre Ríos oficializó, a través del decreto Nº 3578, una profunda actualización del esquema de tasas y contribuciones que integran la factura eléctrica. El objetivo central es aliviar la carga fiscal sobre los usuarios finales, transparentar los costos del servicio y fortalecer la competitividad del sector productivo entrerriano.
La iniciativa se enmarca en la política del gobernador Rogelio Frigerio, quien impulsa una estructura tributaria más simple y razonable, especialmente en un contexto donde los precios mayoristas de la energía presentan fuertes incrementos a nivel nacional.
Reducción de tasas municipales y protección al usuario
A partir del 1º de enero de 2026, las distribuidoras eléctricas actuarán como agentes de percepción de las tasas municipales por alumbrado público. Al mismo tiempo, el decreto reduce el tope máximo del 16% al 13% para todos los usuarios finales, con el fin de moderar el impacto de las cargas locales en la factura de luz.
El gobernador definió este límite como una herramienta clave para “evitar distorsiones y garantizar que la energía sea accesible para las familias entrerrianas”.
Beneficios sostenidos para la industria
El nuevo esquema mantiene vigente lo establecido por el decreto Nº 7269/04, que exime a los usuarios industriales del pago de tasas en la factura eléctrica. Con esta decisión, el Ejecutivo provincial busca preservar la competitividad del sector ante la suba del costo mayorista de la energía.
“Cada punto de competitividad cuenta. Nuestro compromiso es que la industria entrerriana pueda seguir creciendo y generando empleo”, señalaron desde el Gobierno.
Acuerdo con Municipios y baja de contribuciones
La provincia también ratificó el Acta Acuerdo con los Municipios, que establece una reducción de la contribución municipal única, que pasa del 8,69% al 6%. El propósito es transparentar los costos, garantizar tarifas razonables y evitar que los usuarios deban asumir conceptos que no corresponden estrictamente al servicio eléctrico.
Un Estado presente que cuida a hogares, comercios e industrias
El decreto instruye a la Secretaría de Energía y al EPRE a dictar las normativas necesarias para asegurar la correcta implementación del nuevo sistema. De este modo, se busca garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a familias, comercios e industrias.
“Entre Ríos está ordenando su estructura energética para proteger a las familias y acompañar a quienes producen. Es un paso más en la decisión de reducir los gravámenes que afectan la competitividad provincial”, destacaron desde el Ejecutivo.
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