El Gobierno nacional oficializó este jueves cambios profundos en el marco normativo del gas envasado, al limitar al mínimo la intervención estatal en el mercado del gas licuado de petróleo (GLP), utilizado principalmente en garrafas. A través del Decreto 446/2025, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso que el Estado dejará de fijar precios ni condicionar la oferta o demanda, funciones que ahora quedarán bajo el control del mercado libre.
El nuevo esquema normativo establece que todas las operaciones vinculadas al GLP estarán “regidas por el funcionamiento libre y competitivo del mercado”, eliminando regulaciones que el propio Ejecutivo calificó como “sobrerregulación” y fuente de distorsiones y sobrecostos”.
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Solo control de seguridad
La única función estatal quedará a cargo de la Secretaría de Energía, que se limitará a tareas de fiscalización técnica, como controles de seguridad, documentación e inspecciones, para “resguardar la salud pública”. La autoridad de aplicación deberá responder en un plazo de 10 días hábiles, tras lo cual el silencio administrativo tendrá efecto positivo.
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Cambios clave: libre comercio y menos burocracia
Entre las principales novedades, se destacan:
- Instalación libre de nuevas plantas fraccionadoras, sin necesidad de autorizaciones adicionales.
- Importación sin restricciones (sólo sujeta a la normativa vigente), mientras que la exportación será libre una vez abastecido el mercado interno.
- Los fraccionadores podrán envasar para cualquier marca, y no estarán limitados a una única empresa.
- Intercambio y reutilización de envases entre fraccionadores, mediante acuerdos bilaterales.
- Obligatoriedad de recibir envases usados de cualquier marca para fomentar la reutilización del material.
Cada nuevo llenado deberá quedar registrado mediante una etiqueta identificatoria con el nombre de la planta envasadora.
Críticas al modelo anterior y rol del sector privado
El decreto cuestiona la lógica regulatoria previa de la Ley 26.020, al sostener que otorgaba “un rol protagónico a la autoridad de aplicación en materia económica, técnica y operativa”, generando distorsiones, barreras al desarrollo del sector y subas innecesarias en los precios al consumidor.
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Desde el Gobierno remarcaron que “el sector privado es el principal interesado en expandir la actividad”, con capacidad para mejorar el servicio, ampliar la oferta y garantizar el suministro. La decisión, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, se encuadra en la política de desregulación general impulsada por la gestión.
Por último, la norma destaca que estas reformas apuntan a asegurar “el suministro regular, confiable y económico de gas envasado” especialmente en zonas donde representa el único acceso energético para sectores vulnerables.
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