La Justicia de Estados Unidos ordenó el embargo de 210 millones de dólares a la Argentina en el marco del juicio por el default de 2001, una decisión tomada por la jueza Loretta Preska. Además, la magistrada determinó la congelación de 100 millones de dólares adicionales hasta que se resuelvan disputas entre los fondos Attestor Master y Bainbridge Fund.
La medida afecta activos depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, Alemania y Suiza, vinculados a los Bonos Brady, utilizados en la reestructuración de la deuda argentina en la década del 90. Esta causa fue iniciada por holdouts que no aceptaron los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016, por un total de 9.300 millones de dólares.
El fallo de Preska se suma a otros embargos recientes, como el de 325 millones de dólares en Reino Unido por el litigio de los cupones PBI, donde Argentina perdió el juicio. Además, el país enfrenta reclamos millonarios, como el juicio por la expropiación de YPF, cuyo fallo adverso ordena pagar 16.000 millones de dólares a los accionistas minoritarios.
Estos embargos ocurren en medio de la llegada del nuevo procurador del Tesoro, Santiago María Castro Videla, quien reemplazó a Rodolfo Barra. En el ámbito político, algunos analistas consideran que el gobierno de Javier Milei podría aprovechar la situación para explicar públicamente la acumulación de juicios internacionales contra el país.
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