El Gobierno nacional oficializó este lunes la creación de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral, un nuevo mecanismo que funcionará como alternativa voluntaria al actual régimen de indemnizaciones establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.
La medida fue formalizada mediante la Resolución General 1071/2025 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), publicada en el Boletín Oficial. Este sistema permite a empresas y trabajadores constituir fondos de inversión o fideicomisos financieros destinados a cubrir las obligaciones derivadas de un despido, como la indemnización por antigüedad u otros rubros.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que esta herramienta surge del artículo 96 de la Ley Bases 27.742, y que su implementación será “completamente voluntaria” para ambas partes. “Solo con esa condición sabemos que el sistema será beneficioso para todos”, aseguró.
Los fondos podrán crearse mediante acuerdos o convenios colectivos, y las contribuciones —ya sea porcentuales o fijas— pueden ser pactadas por trabajadores y empleadores, con aportes unilaterales o conjuntos, tanto a nivel individual como sectorial.
Dos modalidades disponibles
La CNV habilitó dos modalidades principales:
- Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Cese Laboral: los trabajadores podrán adquirir cuotapartes, que serán cedidas bajo condiciones específicas. Los fondos serán inembargables y tendrán restricciones de inversión para evitar conflictos de interés con los empleadores.
- Fideicomisos Financieros (FF): podrán operar sin prospecto aprobado por CNV, pero deberán difundir el contrato a los trabajadores. Deberán prever mecanismos claros de pago, notificación y destino de fondos no utilizados, además de reportes mensuales a los beneficiarios.
En ambos casos, se prohíbe invertir en valores emitidos por los propios empleadores y se limita la concentración de inversiones por industria al 30% del patrimonio neto.
La CNV será la autoridad de aplicación y fiscalización del régimen. Deberá velar por la solvencia de los fondos, la transparencia de costos y la idoneidad de eventuales comités o asesores financieros.
La medida representa un cambio significativo en la política laboral argentina, abriendo una opción que podría transformar el régimen de indemnizaciones vigente desde hace décadas. Su éxito dependerá, en gran parte, de la adhesión voluntaria y de los acuerdos alcanzados entre gremios y empleadores.
