La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó este lunes que la República Argentina transfiera el 51% de sus acciones en YPF a los fondos demandantes en el juicio por la expropiación de la petrolera, como parte del cumplimiento de la sentencia por US$16.100 millones que el país aún no ha abonado.
La resolución judicial establece que el Estado argentino deberá transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM), en un plazo máximo de 14 días desde la emisión de la orden. Luego, el banco deberá ejecutar la cesión de propiedad a favor de los demandantes o sus representantes legales.
Argumentos del fallo
En su dictamen, Preska sostuvo que las sentencias son ejecutables sobre cualquier propiedad transferible, y citó que, bajo la legislación de Nueva York, las acciones de una empresa son libremente transferibles, incluso en casos de propiedad estatal.
Además, se basó en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, afirmando que los bienes de un Estado utilizados para actividades comerciales en territorio estadounidense —como lo es la operación bursátil de YPF en Wall Street— no gozan de inmunidad frente a ejecuciones judiciales.
La jueza remarcó que el control ejercido por Argentina sobre YPF, incluyendo su cotización en la Bolsa de Nueva York, su registro ante la SEC y la emisión de deuda en Estados Unidos, justifica la aplicación de la norma norteamericana y habilita la transferencia.
Rechazo al pedido del gobierno estadounidense
La decisión de Preska fue emitida a contramano de la posición del propio gobierno de Estados Unidos, que en septiembre del año pasado había solicitado no avanzar con la entrega de las acciones, debido a los posibles efectos diplomáticos y comerciales. No obstante, el tribunal dio prioridad al cumplimiento de las sentencias dentro de su jurisdicción.
Por último, el fallo subraya que Argentina cuenta con mecanismos legales para cumplir con la orden, ya sea modificando la legislación vigente, obteniendo autorización del Congreso o alcanzando un acuerdo con los demandantes. Según Preska, incluso si existieran conflictos legales entre la normativa local y estadounidense, las consideraciones de comidad internacional no impedirían la ejecución del fallo en territorio norteamericano.
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