Este martes comenzó en Paraná el juicio por jurados por la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá, un caso que generó amplio impacto social y judicial en Entre Ríos. Los policías Oscar Ricardo Molina y Diego Sebastián Íbalo serán juzgados por homicidio agravado, en un proceso que se desarrollará a lo largo de seis jornadas con acceso al público.
El debate oral se realiza en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná. El juicio comenzó este martes a las 9, tras la selección del jurado popular que tuvo lugar el lunes. Está previsto que la audiencia se extienda hasta el viernes, jornada en la que se realizará una reconstrucción en el lugar de los hechos, para luego continuar el lunes y martes de la próxima semana en la sala de audiencias.
El proceso cuenta con la actuación como juez técnico del vocal Alejandro Grippo, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. La querella está representada por los abogados José Iparraguirre y Rubén Pagliotto, mientras que la defensa de los acusados será ejercida por los letrados Miguel Cullen y Daniel Rosatelli (en representación de Molina) y por Patricio Cozzi y Rosatelli (en defensa de Íbalo).
Un proceso judicial inédito en Entre Ríos
Este juicio tiene una relevancia histórica en la provincia de Entre Ríos, ya que se trata de un proceso donde la querella actúa de forma autónoma, sin la intervención del Ministerio Público Fiscal.
El abogado José Iparraguirre, quien representa a la familia de la víctima, destacó el carácter excepcional del proceso: “Cuando el Ministerio Público Fiscal archivó la causa, recurrimos en revisión ante el Procurador General, que confirmó esa decisión. Entonces, junto a Lucía Tejera, logramos algo inédito: continuar la investigación de manera independiente como querellantes autónomos”, explicó.
La jueza Elisa Zilli avaló esa presentación, y la resolución fue confirmada por el tribunal de Casación, lo que permitió que la causa avanzara sin la intervención fiscal. “Llegamos a esta instancia como acusadores privados únicos. Los imputados cuentan con sus defensas técnicas, y ahora será el jurado popular quien determine la verdad de lo ocurrido”, concluyó Iparraguirre.
El juicio por la muerte de Gabriel Gusmán representa no solo la búsqueda de justicia por parte de su familia, sino también un precedente inédito en la historia judicial de Entre Ríos, al poner en práctica la figura del querellante autónomo y consolidar el rol del juicio por jurados en causas de alta sensibilidad social.
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