El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal resolvió de manera anticipada el juicio por la apropiación y retención ilegal de la hija del policía entrerriano Leonardo Fornerón, y absolvió a todos los acusados. No obstante, el fallo incluyó un severo llamado de atención institucional por las irregularidades que rodearon la entrega y posterior adopción de la menor.
La sentencia, conocida este viernes, puso fin a un proceso judicial que se extendió por más de 25 años, marcado por dilaciones, sobreseimientos y reclamos ante organismos internacionales. Si bien el tribunal consideró que no existía responsabilidad penal vigente, reconoció la gravedad institucional del caso y la vulneración de derechos fundamentales, que motivaron en 2012 la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado argentino.
La absolución benefició a exfuncionarios judiciales, profesionales, intermediarios y a la madre biológica de la niña, quienes estaban imputados por haber avalado la entrega irregular de la menor a un matrimonio porteño en junio del año 2000, sin respetar la legislación vigente ni el derecho del padre biológico a ejercer la paternidad.
Una historia marcada por la exclusión
Leonardo Fornerón, hoy de 53 años, vive en Rosario del Tala y se desempeña como policía. Es padre de otros cinco hijos. En el año 2000, supo por terceros que su expareja Diana Elizabeth Enríquez estaba embarazada, aunque ella negó su paternidad. El 16 de junio de 2000, la niña nació en un sanatorio privado de Victoria y al día siguiente fue entregada al matrimonio B. Z., mediante un acta de guarda provisoria redactada por el entonces defensor de Pobres y Menores suplente, Julio Guaita, en abierta violación a la normativa vigente.
Fornerón fue excluido del proceso judicial desde el inicio, pese a haber reconocido a la niña como su hija y reclamar reiteradamente su restitución. Ante la falta de respuestas en la Justicia argentina, acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en 2012 determinó que el Estado argentino había violado los derechos del padre y de la niña.
Responsabilidades señaladas y absoluciones
Entre los imputados figuraban la madre biológica, el matrimonio adoptante, el abogado Salvador Espona, los intermediarios Paul Reynoso y Ariel Barreto, el defensor oficial Marcelo Balbi, el juez civil de Victoria Raúl del Valle y la psicóloga Daniela Kairúz. Según el Ministerio Público Fiscal, todos habrían legitimado un proceso carente de sustento legal.
Si bien todos fueron absueltos, el tribunal reconoció que la adopción se concretó en un marco irregular, sin perspectiva de derechos, y que las instituciones involucradas consolidaron la separación entre padre e hija.
Una causa que deja huella
El fallo incluyó una reflexión crítica sobre las falencias estructurales del sistema judicial argentino en materia de adopciones, advirtiendo cómo las prácticas institucionales pueden reproducir prejuicios y vulnerar el derecho a la identidad y a la vida familiar.
Fornerón solo pudo ver a su hija en dos oportunidades: en 2005 y en 2012, esta última por orden de un tribunal internacional. Con la sentencia absolutoria, se cierra el capítulo judicial en primera instancia, aunque los abogados querellantes Margarita Nicoliche y Diego Dousdebes aún pueden recurrir el fallo ante la Cámara de Casación.
