Este martes comenzó en Paraná el juicio por jurados por el caso de Gabriel Gusmán, el joven que perdió la vida el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá, tras recibir un disparo durante un operativo policial. En el banquillo de los acusados están los policías Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo, ambos imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionarios públicos.
El proceso judicial —de alto impacto social y mediático— es llevado adelante por una querella autónoma, luego de que el Ministerio Público Fiscal archivara la causa por considerar que no existían pruebas suficientes para imputar a los agentes. Sin embargo, los abogados José Iparraguirre y Rubén Pagliotto, representantes de la familia de Gusmán, impulsaron la causa como acusadores privados, logrando que el expediente llegara finalmente a juicio.
El debate se desarrolla en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con el juez técnico Alejandro Grippo y un jurado popular conformado tras la audiencia de selección realizada este lunes.
Según la acusación de la querella, el 25 de septiembre de 2018, los policías Molina e Íbalo acudieron a un llamado al 911 y durante una persecución, Molina habría efectuado el disparo que impactó en la cabeza de Gusmán, quien —de acuerdo con testigos— ya se había rendido con las manos en alto. La pericia balística determinó que el disparo ingresó por la parte posterior del cráneo, lo que provocó la muerte instantánea del joven.
Por su parte, la defensa, representada por los abogados Daniel Rosatelli, Miguel Cullen y Patricio Cozzi, sostiene que los funcionarios actuaron en legítimo cumplimiento del deber, en el marco de un enfrentamiento armado entre bandas rivales, y que el uso de las armas fue una respuesta proporcional ante una situación de peligro.
El caso Gusmán se transformó en un precedente judicial histórico en Entre Ríos, ya que es el primero en llegar a juicio con una querella autónoma sin la participación de la Fiscalía. La causa atravesó múltiples etapas y apelaciones desde 2018, hasta que en noviembre de 2024, la jueza Elisa Zilli dispuso su elevación a juicio por jurados.
El proceso se extenderá durante seis jornadas, incluyendo una reconstrucción de los hechos en el lugar del suceso y nuevas declaraciones testimoniales clave para definir si se trató de un caso de gatillo fácil o un acto de legítima defensa policial.
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