
Después de casi diez años, este lunes 9 de febrero comenzó el juicio por jurados contra dos efectivos policiales acusados de abusar sexualmente de dos adolescentes en la ciudad de Paraná. El proceso judicial se desarrolla a puertas cerradas, ante un jurado popular, y bajo estrictas medidas de reserva debido a que las denunciantes eran menores de edad y se trata de presuntos delitos contra la integridad sexual, conforme lo establece la normativa vigente.
Los imputados son el cabo Samuel Enrique Morel y el agente Ezequiel Alejandro García. La acusación está a cargo de las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Rufatti, mientras que la defensa es ejercida por los abogados Iván Vernengo, Damián Petenatti y Claudio Berón. En tanto, la querella es representada por Guillermo Mulet y Leonardo Schoenfeld.
Ambos acusados se encuentran actualmente cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal N.º 1 de Paraná, según informaron fuentes judiciales.
El juez técnico designado para el desarrollo del juicio es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, quien tendrá a su cargo la dirección del debate, la resolución de las cuestiones procesales y la garantía del correcto funcionamiento del juicio por jurados.
El origen de la causa
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en julio de 2016 por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N.º 8. El planteo judicial fue por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de dos adolescentes que se encontraban alojadas en la Residencia Mujercitas, dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
De acuerdo a la acusación original, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 5 de julio de 2016, en un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial, dentro del predio de la ex Estación de Trenes de Paraná, sobre calle Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento.
De siete imputados a dos acusados
Inicialmente, la causa involucró a siete efectivos policiales. Sin embargo, durante el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria, dos de ellos fueron sobreseídos y otros tres resolvieron su situación procesal mediante juicios abreviados, imputados por omitir actuar ante un delito en flagrancia.
Se trata de Emmanuel Wallington Smith, Francisco Gaitán y César Barrios, quienes recibieron penas de ejecución condicional. En esos acuerdos se dejó constancia de que no participaron directamente de los presuntos abusos, aunque se les atribuyó responsabilidad funcional por su rol como efectivos policiales.
En un primer momento, dichos juicios abreviados fueron rechazados por el juez de Garantías N.º 5, Mauricio Mayer, quien expresó disconformidad con la calificación legal. Posteriormente, los acuerdos fueron homologados tras un cuarto intermedio dispuesto en noviembre de 2017.
Cambios en la imputación
En marzo de 2020, el juez Alejandro Grippo declaró la nulidad de la imputación original contra el cabo Morel como autor directo de uno de los abusos. La resolución se basó en que la adolescente de 15 años nunca formuló una denuncia contra el efectivo y, en reiteradas oportunidades, sostuvo que no había sido abusada.
De este modo, Morel continúa vinculado a la causa, pero ya no como autor directo, sino como partícipe necesario o primario del hecho atribuido a otro imputado. El magistrado valoró especialmente que la supuesta víctima ratificó ante la Justicia que no deseaba denunciar.
El contexto del hecho
El caso tomó estado público luego de que la adolescente de 13 años fuera atendida en el hospital San Roque de Paraná, donde se constataron lesiones compatibles con un abuso sexual. A partir de ese hecho se activó la investigación judicial y todos los efectivos que prestaban funciones en la Guardia Especial del ex Ferrocarril fueron pasados a disponibilidad y posteriormente separados de la fuerza.
Los policías involucrados, cuyas edades oscilaban entre los 25 y 40 años, cumplían tareas de apoyo en espectáculos y eventos deportivos y dependían de la Jefatura Departamental Paraná.
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