Un hombre de 33 años, oriundo de Paraná, fue condenado a dos años y diez meses de prisión de cumplimiento condicional por adquirir, reparar, desbloquear y revender teléfonos celulares de procedencia ilegítima.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Paraná, a través de la jueza Noemí Berros, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía y la Defensa. El acusado, identificado por las iniciales JDL, reconoció su responsabilidad en los hechos investigados.
De acuerdo con la investigación, el condenado desarrollaba la actividad desde un local comercial clandestino que funcionaba en su propia vivienda, donde recibía celulares usados sin documentación que permitiera acreditar su origen.
Los dispositivos eran posteriormente reparados, desbloqueados o liberados y, en algunos casos, se modificaban sus números de identificación IMEI antes de ser puestos nuevamente a la venta.
Cómo funcionaba el comercio clandestino en Paraná
En la resolución judicial, la magistrada sostuvo que quedó acreditado que en la vivienda funcionaba un comercio no habilitado dedicado a la venta de teléfonos celulares usados.
Según estableció la Justicia, el hombre adquiría equipos de procedencia ilegítima, los reparaba y utilizaba herramientas específicas para desbloquearlos y alterar sus identificadores electrónicos.
La investigación también permitió determinar que contaba con conocimientos técnicos y programas informáticos destinados al servicio técnico de telefonía. Parte de esas herramientas estaban instaladas en una notebook Lenovo.
Para la jueza, no se trataba de hechos aislados, sino de una actividad comercial desarrollada de manera habitual y con finalidad de lucro.
Secuestraron 32 celulares y seis tenían denuncias
La causa se inició a partir de un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre calle Jorge Haendel, a pocos metros de Lorenzo Anselmi, en Paraná.
El procedimiento había sido autorizado por el juez de Garantías Ricardo Bonazzola y tenía como objetivo localizar un teléfono celular marca BGH Joy.
Aunque ese dispositivo no fue encontrado, durante el operativo los investigadores hallaron numerosos teléfonos celulares y elementos relacionados con la reparación y modificación de equipos.
Entre los aparatos secuestrados se encontraron un Samsung J1 Mini y un Huawei cuyos números de identificación figuraban en registros como denunciados por robo.
Las pericias realizadas posteriormente determinaron que, de los 32 celulares secuestrados, seis tenían denuncias por robo, hurto o extravío.
Además, en otros siete teléfonos no pudo determinarse el número de IMEI, mientras que los 19 restantes contaban con identificadores habilitados para su utilización.
Qué es el IMEI y cómo era utilizado
El IMEI es el número de identificación único que permite individualizar un teléfono celular. Se trata de un código asignado a cada dispositivo y utilizado para reconocerlo dentro de las redes de comunicaciones.
En este caso, las pericias permitieron comprobar que el acusado disponía de herramientas informáticas que le permitían alterar o reemplazar los números IMEI de los equipos.
La jueza Noemí Berros consideró que el acusado conocía la procedencia ilegítima de los teléfonos y que tenía control sobre las distintas etapas de la maniobra, desde la adquisición de los equipos hasta su modificación y posterior comercialización.
La pena impuesta por la Justicia Federal
El hombre fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de adquisición o utilización de terminales celulares a sabiendas de su procedencia ilegítima, agravado por el ánimo de lucro, y de alteración o modificación de números de serie electrónicos o mecánicos, en concurso real.
La Justicia le impuso una pena de dos años y diez meses de prisión condicional.
Al tratarse de una condena de cumplimiento condicional, el acusado no deberá cumplir la pena en una unidad penitenciaria mientras respete las condiciones fijadas por el tribunal.
Entre las reglas de conducta establecidas, deberá realizar y aprobar el curso de Reparador de Electrodomésticos, dictado en la Escuela de Educación Técnica Nº 5, Centro de Formación Profesional Nº 2, ubicada en Almafuerte 2285 de Paraná.
También tendrá que acreditar su inscripción y aprobación ante el Juzgado de Ejecución. El incumplimiento de las condiciones podría derivar en la revocación de la condicionalidad.
Decomisaron celulares, tarjetas y equipos informáticos
La sentencia también ordenó el decomiso de los elementos secuestrados durante la investigación.
La medida alcanzó a los 32 teléfonos celulares, siete tarjetas SIM, dos tarjetas micro SD, dos dispositivos utilizados para tareas técnicas de telefonía, dos tablets, tres netbooks del programa Conectar Igualdad y una notebook Lenovo.
La jueza consideró que esos elementos estaban vinculados con los delitos investigados o habían sido utilizados para desarrollar las maniobras por las que el hombre fue condenado.
Además, el condenado deberá afrontar la totalidad de las costas correspondientes al proceso judicial.
Qué tuvo en cuenta la jueza para fijar la condena
Entre los agravantes considerados al momento de establecer la pena, la magistrada tuvo en cuenta la cantidad de teléfonos secuestrados, la organización de la actividad comercial clandestina y los conocimientos técnicos empleados para modificar los dispositivos.
También valoró que el acusado poseía capacidades que podrían haber sido utilizadas para desarrollar una actividad laboral dentro del marco legal.
Como circunstancias atenuantes, la jueza consideró que el hombre tenía 25 años al momento de los hechos, su nivel de escolaridad y la ausencia de antecedentes penales.
A partir de esos elementos y de las características de los delitos atribuidos, el Tribunal Oral Federal de Paraná consideró proporcional la pena de dos años y diez meses de prisión condicional.
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