Confirman abuso sexual en el crimen de Aralí: agravan cargos contra padrastro y amigo

La Justicia de Córdoba ha dado un giro aún más oscuro al caso del asesinato de Aralí Vivas, la niña de ocho años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la localidad de Brinkmann. La autopsia confirmó que la menor fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada, lo que llevó a la fiscalía a agravar las imputaciones contra los principales sospechosos, su padrastro Matías Ezequiel Simeone y su amigo Cristian Hernán Varela.

Inicialmente acusados de homicidio simple, Simeone y Varela ahora enfrentan cargos por «homicidio criminis causa», es decir, un asesinato cometido para ocultar otro delito previo. Esta reclasificación de los cargos se basa en los resultados de la autopsia, que revelaron la presencia de material genético masculino en el cuerpo de Aralí, así como en las comunicaciones entre los acusados antes y después del crimen.

La investigación ha permitido reconstruir un escenario escalofriante. Testimonios de vecinos y familiares indican que en el hogar donde vivía Aralí se habrían producido abusos con anterioridad. Además, registros telefónicos y las pruebas forenses refuerzan la hipótesis de que la niña fue asesinada para ocultar el abuso sexual.

La madre de Aralí, Rocío Milagros Rauch, también se encuentra detenida, acusada de «partícipe necesario de homicidio calificado por el vínculo». A pesar de no estar presente en el momento del crimen, se la considera responsable por no haber protegido a su hija de un entorno violento y abusivo.

El caso ha generado una gran conmoción en la sociedad y ha puesto en el centro de la discusión la responsabilidad del Estado en la protección de los niños. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) se encuentra bajo investigación por su rol en la reinserción de Aralí y sus hermanos en un hogar donde ya se habían detectado problemas de maltrato. Con información de Eldoce y TN

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