Este sábado 14 finalizó en Paraná el primer juicio por jurados del año con un veredicto de culpabilidad contra dos efectivos de la Policía de Entre Ríos, acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado contra dos adolescentes que tenían 13 y 15 años al momento de los hechos.
Los imputados, el cabo Samuel Enrique Morel y el agente Ezequiel Alejandro García, fueron hallados responsables del delito agravado por haber sido cometido por personal de fuerzas de seguridad. El debate se desarrolló en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná.
Tras conocerse el veredicto, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Alejandro Cánepa, informó que la audiencia de cesura —instancia en la que se definirán las penas— se realizará el 20 de febrero a las 9. Hasta entonces, ambos condenados continuarán con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de la capital entrerriana.
Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti, mientras que la querella fue ejercida por los abogados Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld. El abogado Julián Gracia intervino en representación del Superior Gobierno de Entre Ríos. Las defensas estuvieron a cargo de Iván Vernengo, Damián Petenatti y Claudio Berón.
La causa se originó en julio de 2016 a partir de una denuncia presentada por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 8. Los hechos investigados habrían ocurrido en la madrugada del 5 de julio de ese año, en un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial de la ex estación ferroviaria de Paraná, sobre calle Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento.
En un principio, cinco efectivos de la Policía de Entre Ríos fueron imputados por su presunta participación en los hechos. Sin embargo, tres de ellos resolvieron su situación procesal mediante juicios abreviados hacia fines de 2017, al acreditarse que no habrían tenido intervención directa en los abusos.
Las víctimas, según la investigación, se encontraban bajo pedido de localización tras haberse fugado de la Residencia Mujercitas del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
El fallo marca el cierre de un proceso judicial iniciado hace casi una década y abre ahora la etapa final, en la que se determinará la condena que deberán cumplir los responsables. (APFDigital)
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