El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos avanza en la consolidación de una política institucional integral en materia de género, violencia laboral y derechos humanos, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
Desde 2021, el organismo cuenta con un Protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral, junto a una Comisión Evaluadora integrada por representantes del STJ, los ministerios Público Fiscal y de la Defensa, la Asociación de la Magistratura y la Asociación Judicial de Entre Ríos.
Según informó el secretario del STJ, Esteban Simón, desde la implementación del protocolo en julio de 2021 se tramitaron 23 denuncias, en su mayoría vinculadas a situaciones de violencia descendente y horizontal dentro del ámbito laboral judicial.
Actualmente, el Poder Judicial entrerriano cuenta con una planta de 2.839 agentes, entre magistrados, funcionarios y trabajadores, quienes pueden acceder a distintos canales para denunciar situaciones de violencia, tanto dentro del sistema judicial como mediante la normativa vigente, como la Ley Provincial N° 9.671 y la Ley Nacional N° 26.485, a la que la provincia adhiere a través de la Ley N° 10.058.
Un protocolo con enfoque integral
El protocolo vigente establece un procedimiento ágil, accesible y con garantías, basado en principios como la confidencialidad, la no revictimización y el respeto del derecho de defensa. Además, contempla la intervención de un Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) desde el inicio de cada caso.
Las actuaciones se tramitan en la Oficina de Sumarios y Violencia Laboral, donde se brinda asesoramiento, acompañamiento y contención a las personas involucradas. En algunos casos, también se implementaron medidas complementarias, como la intervención del Programa de Gestión Judicial o el seguimiento del Área de Salud Ocupacional.
Incluso, determinadas situaciones derivaron en actuaciones ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Organismos especializados y capacitación permanente
En paralelo, el STJ creó y consolidó espacios técnicos como la Oficina de la Mujer de Entre Ríos y la Oficina de Violencia de Género de Entre Ríos, que intervienen diariamente en el abordaje de casos, especialmente aquellos que afectan a mujeres en situación de vulnerabilidad.
La secretaria Fernanda Baima destacó que estos organismos no solo cumplen un rol estructural, sino que funcionan como dispositivos operativos que brindan asistencia, acompañamiento y articulación institucional en todo el territorio provincial.
Además, el Poder Judicial desarrolla capacitaciones permanentes para su personal en el marco de la Ley Micaela, promoviendo la incorporación transversal de la perspectiva de género en la función judicial, en línea con los estándares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De este modo, el STJ reafirma su compromiso con una política pública judicial activa, orientada a la prevención de la violencia y al fortalecimiento de los derechos humanos en la provincia.
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