Un brutal hecho de violencia conmociona a la provincia de Chaco tras el asesinato de una mujer y su hija adolescente en la localidad de Quitilipi. Las víctimas fueron identificadas como Juliana Marcela Frías y su hija de 17 años, Diana Gómez.
El principal sospechoso del doble crimen es la expareja de Frías, David Ojeda, quien fue detenido horas después del hecho tras permanecer prófugo y es investigado por la Justicia bajo cargos que podrían incluir doble femicidio agravado.
El hallazgo de los cuerpos se produjo cuando familiares de las víctimas, preocupados por la falta de respuesta a mensajes y llamadas, se acercaron a la vivienda y se encontraron con una escena que obligó a la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad.
En el lugar, los investigadores secuestraron un hacha con manchas de sangre, que sería el arma utilizada en el ataque y que será sometida a pericias de ADN para confirmar su vinculación con el detenido.
La principal hipótesis de la investigación
Según las primeras reconstrucciones del caso, los investigadores sostienen que el sospechoso conocía los movimientos de la vivienda y habría ingresado durante la madrugada sin forzar puertas ni ventanas.
La hipótesis indica que el agresor habría sorprendido a las víctimas mientras dormían, aprovechando su estado de indefensión.
Además, la fiscalía espera los resultados finales de la autopsia para confirmar indicios de abuso sexual contra la adolescente, detectados durante los primeros exámenes forenses.
De confirmarse esta circunstancia, la causa podría incluir abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte y femicidio vinculado, delitos que contemplan prisión perpetua como única pena posible.
Detención del sospechoso y conmoción en la comunidad
La detención de Ojeda se concretó en una zona rural cercana, luego de varias horas de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, la comunidad de Quitilipi se moviliza con marchas y vigilias espontáneas para exigir justicia, en un caso que volvió a poner en debate la problemática de la violencia de género extrema en el país.
Los investigadores también analizan el historial del acusado para determinar si existían denuncias previas o medidas de restricción que pudieran haber advertido el riesgo antes de la tragedia.
El caso generó una fuerte repercusión social y reabrió el debate sobre la protección institucional de las mujeres frente a situaciones de violencia y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención.
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