La Justicia de Paraná investiga a un dirigente de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) por el presunto abuso sexual de una menor de edad, en una causa que se encuentra en plena etapa de Instrucción Penal Preparatoria (IPP). El caso es llevado adelante por la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, que solicitó múltiples medidas para resguardar a las víctimas y avanzar en la investigación.
El juez de Garantías Nº7 de Paraná, Mariano Budasoff, dispuso 120 días de restricción de acercamiento para el sospechado, medida que regirá hasta abril del próximo año. La resolución fue adoptada a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y tiene como objetivo principal proteger a las denunciantes mientras se incorporan pruebas al legajo judicial.
Según pudo saber Elochodigital, el hombre está acusado de haber abusado sexualmente durante una década de una familiar menor de edad que se encontraba a su cargo. Debido a la gravedad de la acusación y para preservar a las víctimas, no se difundió la identidad del imputado, quien reside en la capital entrerriana.
Avance de la investigación
El caso tomó estado público hace algunos meses, cuando la víctima principal decidió denunciar los hechos en una comisaría de Paraná. De manera inmediata, la causa fue remitida a Fiscalía y se dispusieron medidas de protección, entre ellas la entrega de un botón antipánico.
De acuerdo a información publicada por AHORA, la investigación habría tenido un avance significativo luego de que un familiar encontrara imágenes en el teléfono celular del acusado que podrían constituir pruebas de los abusos, los cuales habrían comenzado en 2015, cuando la víctima tenía 7 años.
Medidas preventivas
Entre las restricciones impuestas por el juez se encuentran:
- Prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la vivienda donde residen las denunciantes.
- Obligación de retirarse de cualquier espacio público o privado en el que se encuentren las víctimas.
- Prohibición de realizar actos intimidatorios o perturbadores, de manera directa o indirecta y por cualquier medio, hacia las denunciantes o su grupo familiar.
La resolución judicial advierte que, en caso de incumplimiento, el imputado podría ser detenido por desobediencia judicial.
La causa continúa bajo investigación y la Fiscalía analiza nuevas pruebas para determinar los próximos pasos procesales en uno de los casos más sensibles que se investigan actualmente en Paraná.
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