El ingreso irregular de autos de alta gama volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia federal, luego de que una investigación conjunta permitiera desarticular un circuito de contrabando con fines comerciales y de exhibición pública. La causa reveló que los vehículos ingresaban al país desde Paraguay bajo la figura de turismo, pero luego eran utilizados en videoclips, eventos y alquileres para artistas, en clara violación a la normativa vigente.
La investigación y el circuito detectado
La pesquisa se inició cuando la Aduana detectó la circulación reiterada de vehículos de lujo con patente paraguaya en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese hallazgo, se realizaron cruces de información con ARCA, Migraciones y la División Contravencionales de la Policía de la Ciudad, lo que permitió reconstruir el esquema ilegal.
Según se determinó, los autos eran ingresados bajo el Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur, que permite el uso con fines turísticos, pero prohíbe expresamente cualquier tipo de explotación comercial. Sin embargo, los rodados eran utilizados en producciones audiovisuales, eventos privados y alquileres de alto perfil.
Allanamientos y material secuestrado
Por orden del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, se realizaron cinco allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Como resultado, se secuestraron cuatro autos de alta gama valuados en más de 500 millones de pesos, una camioneta Toyota SW4, 30 millones de pesos en efectivo, 20 mil dólares estadounidenses y un arma de fuego sin documentación.
Durante los operativos fueron detenidos dos ciudadanos argentinos, quienes quedaron incomunicados mientras avanza la investigación judicial.
Vínculos con el ambiente artístico
Los investigadores señalaron que los vehículos incautados aparecían de manera recurrente en redes sociales y videoclips de artistas de amplia difusión como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez, lo que permitió visibilizar el circuito de exhibición.
Asimismo, se estableció que uno de los imputados se presentaba como responsable de una productora de eventos, aunque no registraba actividad económica declarada ante ARCA, lo que refuerza la hipótesis de una estructura montada para encubrir el contrabando.
La causa fue caratulada como contrabando agravado, un delito que contempla penas de hasta diez años de prisión. Desde el juzgado no descartan nuevas detenciones y allanamientos, ya que el expediente retrotrae el origen del esquema al menos hasta el año 2023 y se investiga la posible participación de más intermediarios y destinos comerciales.
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