El Gobierno nacional reglamentó este jueves el nuevo régimen de ciudadanía argentina por inversión, una herramienta orientada a atraer capitales extranjeros con un modelo migratorio más riguroso pero con incentivos para quienes demuestren capacidad económica significativa.
La medida fue formalizada a través del Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. La normativa establece un proceso técnico-administrativo específico para analizar cada solicitud, evaluar la inversión y determinar su impacto en el desarrollo económico del país.
¿Cómo funcionará la ciudadanía por inversión?
El procedimiento estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que dependerá del Ministerio de Economía. Su tarea será revisar las solicitudes de inversores extranjeros, solicitar informes a distintos organismos estatales y emitir un dictamen técnico para la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá la última palabra.
Este decreto complementa la reforma anunciada en mayo (Decreto 366/2025), que creó la figura del “ciudadano por inversión” dentro de la Ley de Ciudadanía N.º 346, sumando a Argentina a la tendencia global de facilitar la residencia y nacionalización de inversores.
¿Qué se considera una “inversión relevante”?
Para acceder a este régimen, no se exigirá un tiempo mínimo de residencia en el país. Sin embargo, el interesado deberá demostrar haber realizado una inversión relevante, cuyos parámetros —ya sea por montos mínimos o sectores estratégicos— serán definidos por el Ministerio de Economía.
Cada caso será evaluado individualmente, según el potencial de la inversión para generar empleo, innovación o desarrollo productivo en sectores clave como energía, tecnología, infraestructura o agroindustria.
Controles de seguridad y dictamen técnico
Una vez presentada la solicitud, la Agencia verificará el cumplimiento de los requisitos y solicitará informes a organismos como el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia, RENAPER y la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Estos reportes buscarán determinar si la concesión de la ciudadanía representa algún riesgo para la seguridad nacional o afecta intereses estratégicos. Luego, se elaborará un dictamen técnico que será remitido a Migraciones, que tendrá un plazo de 30 días hábiles para emitir la resolución definitiva.
ARCA facilitará el acceso al CUIT
Como parte del nuevo régimen, el decreto también instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a adaptar sus sistemas para permitir a los nuevos ciudadanos obtener el CUIT de forma ágil, integrándolos rápidamente al sistema tributario argentino.
Contexto: hacia una política migratoria selectiva
Esta medida forma parte de un plan integral del Ejecutivo para atraer capitales, en el marco de un modelo migratorio más selectivo. El Decreto 366/2025, publicado el 29 de mayo, ya había establecido una reforma estructural de la política migratoria, incluyendo:
- Expulsión de inmigrantes ilegales o con antecedentes penales.
- Limitaciones en el acceso a salud y educación para extranjeros irregulares.
- Requisitos más estrictos para obtener la nacionalidad argentina.
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