El Gobierno de Entre Ríos ratificó este lunes su intervención en el conflicto que atraviesa Granja Tres Arroyos y anunció un refuerzo en las medidas de asistencia destinadas a los trabajadores afectados por la situación de la empresa.
En ese marco, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto al secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, mantuvo una reunión con dirigentes de los sindicatos de Alimentación, de la Carne y de Molineros para escuchar sus planteos y avanzar en una estrategia de contención social.
El encuentro se produjo luego de la audiencia conciliatoria convocada por la Secretaría de Trabajo provincial y forma parte de las gestiones que viene impulsando el Gobierno entrerriano para contribuir a una solución del conflicto laboral.
Durante la reunión, Troncoso confirmó que la Provincia continuará brindando asistencia alimentaria a los trabajadores y pondrá en marcha nuevas herramientas de acompañamiento, entre ellas subsidios personales para cada empleado afectado y una tarifa social de energía eléctrica diferenciada.
“Hoy, en la reunión con los trabajadores, se les ofreció seguir con la asistencia y la contención social”, expresó el ministro tras el encuentro.
Gestiones para sostener el empleo
El funcionario recordó además que la semana pasada, con la participación del gobernador Rogelio Frigerio, el Ejecutivo provincial mantuvo conversaciones con representantes de la empresa para buscar alternativas que permitan aliviar su situación financiera.
Entre las propuestas realizadas se encuentra la reestructuración de las deudas que la firma mantiene con ENERSA y con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), mediante planes de pago que faciliten su cumplimiento.
Según explicó Troncoso, el objetivo es generar condiciones que contribuyan a preservar la actividad productiva y las fuentes laborales en la provincia.
Una situación que involucra a 900 trabajadores
El ministro destacó que, si bien se trata de una negociación entre una empresa privada y los sindicatos que representan a sus empleados, la magnitud del conflicto obliga al Estado provincial a involucrarse activamente.
“El gobernador ha sido muy claro: si bien se trata de una relación laboral del ámbito privado, entre sindicatos y empresa, termina siendo una cuestión de Estado porque hay 900 puestos de trabajo involucrados”, afirmó.
La situación de Granja Tres Arroyos genera preocupación en distintos sectores debido al impacto económico y social que podría tener sobre cientos de familias entrerrianas vinculadas directa e indirectamente a la actividad de la empresa.
Mientras continúan las negociaciones y las instancias de diálogo entre las partes, el Gobierno provincial aseguró que mantendrá las medidas de acompañamiento para amortiguar las consecuencias del conflicto y brindar apoyo a los trabajadores afectados.
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