El Gobierno Nacional ha oficializado un nuevo régimen para el sector público, que congela prácticamente la planta estatal después de haber cesanteado a alrededor de 36,000 empleados durante 2024. Esta medida, que rige desde el 1° de enero, busca reformar la estructura del Estado y controlar el crecimiento de la plantilla de personal.
A través de los decretos 1148/2024 y 1149/2024, firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se prohíben nuevas contrataciones en el ámbito nacional. Según la normativa, “las jurisdicciones y entidades del sector público nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”. Esto incluye a empleados bajo modalidades transitorias y permanentes, así como a los monotributistas vinculados al Gobierno.
Aunque hay excepciones para sectores estratégicos como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el personal del Ministerio de Salud, el acceso a nuevos puestos estará condicionado a que se produzcan tres bajas de personal por cualquier causa. Esta regulación busca mantener un equilibrio entre altas y bajas en la administración pública.
Una de las novedades del nuevo régimen es la introducción de un examen de idoneidad obligatorio para los aspirantes a empleos públicos. Todos los candidatos deberán aprobar una evaluación de conocimientos y competencias, programada para diciembre de 2024, con el fin de asegurar que cuenten con las habilidades necesarias para desempeñar sus funciones.
El congelamiento y la reducción de personal en el Estado son parte de un proceso de ajuste impulsado por Milei desde el inicio de su mandato. En 2024, se registraron despidos en diversas áreas, incluyendo 21,408 en la administración pública y otros 11,951 en empresas estatales.
El ministro Sturzenegger ha defendido estas medidas, argumentando que “menos gasto público se traduce en menos impuestos y más capacidad de gasto para el sector privado”. La gestión anticipa además la eliminación de varios organismos del Estado, lo que podría incrementar el número de despidos en el futuro.
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