Contratos Truchos en la Legislatura: piden probation para 10 imputados clave en una década de saqueo estatal

La causa conocida como Contratos Truchos suma un nuevo capítulo judicial. El próximo martes 15 de abril a las 9 de la mañana se celebrará una audiencia en la que se evaluará el pedido de Suspensión del Juicio a Prueba (Probation) para 10 de los 32 imputados por la millonaria sustracción de fondos públicos en la Legislatura de Entre Ríos.

Entre los solicitantes figuran dos integrantes del estudio contable Integral Asesoría —clave en la maniobra según los fiscales— y familiares o allegados directos de dos de los principales acusados: Flavia Beckman y Hugo Mena. El caso investiga la sustracción de más de 1.235 millones de pesos entre 2008 y 2018, mediante contratos ficticios en la Cámara de Senadores y de Diputados.

Según la acusación, la maniobra contó con la complicidad de contadores, funcionarios del Tribunal de Cuentas y una red organizada que permitía dar apariencia legal a los contratos truchos. El estudio Integral Asesoría, con sede en calle Misiones al 400 (Paraná), habría sido el núcleo operativo que gestionaba facturación, inscripción fiscal, y pagos de impuestos con los datos aportados por los propios beneficiarios de contratos simulados.

Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano e Ignacio Aramberry remarcaron en el expediente que el estudio contable aportó «el conocimiento técnico indispensable» para mantener la estructura delictiva activa durante diez años sin ser detectada.

Los imputados que solicitaron la probation son: Nicolás Beber, Renato Jesús Mansilla, Verónica Caíno, Fernando Gastón Sarnaglia, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, María Victoria Álvarez, Viviana Gisele Mena Gioveni y María Macarena Álvarez. La mayoría de ellos tienen vínculos directos con Beckman y Mena, lo que fortalece la hipótesis fiscal de una organización de carácter familiar y societario.

Además, el caso se vincula indirectamente con la ex fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, destituida en un jury que luego fue anulado por la Corte Suprema. El expediente detalla que Goyeneche y su esposo mantenían contratos de fideicomiso con uno de los contadores sindicados como «referente» del estudio, Pedro Opromolla, funcionario del Senado y figura clave en la operatoria.

La defensa de los imputados espera que se apruebe la probation para evitar el juicio oral. Sin embargo, las víctimas del Estado —y parte de la opinión pública— exigen que no haya impunidad en uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia reciente en Entre Ríos.