La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca eliminar normas consideradas obsoletas o innecesarias dentro del sistema jurídico argentino.
La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones en una sesión marcada por fuertes cruces políticos entre el oficialismo y la oposición.
Con esta media sanción, el proyecto avanzará ahora al Senado, donde el Gobierno nacional intentará convertir en ley una de las reformas que considera centrales dentro de su programa de desregulación estatal.
Qué propone la Ley Hojarasca
El proyecto plantea la derogación de 58 leyes, la modificación de artículos de otras ocho normas y la eliminación de dos decretos que, según el oficialismo, resultan “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales”.
La propuesta clasifica las normas alcanzadas en distintas categorías: leyes superadas por legislación posterior, regulaciones obsoletas por avances tecnológicos, disposiciones burocráticas innecesarias y organismos sin funcionamiento efectivo.
Entre las normas mencionadas durante el debate aparecen la antigua “ley de azotes”, la ley de microfilmación, la ley de mochileros y regulaciones vinculadas a laboratorios públicos que, según el Gobierno, nunca llegaron a implementarse plenamente.
El oficialismo logró el quórum y avanzó con el debate
La sesión comenzó luego de que el oficialismo consiguiera reunir el quórum de 129 diputados presentes, con respaldo de bloques aliados y sectores dialoguistas.
La convocatoria había sido impulsada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.
Además de la Ley Hojarasca, la Cámara debatió durante la jornada otros temas vinculados a subsidios para zonas frías, tratados internacionales y homenajes a veteranos de la Guerra de Malvinas.
Cambios en el proyecto original
Durante el tratamiento parlamentario, el texto sufrió algunas modificaciones respecto de la versión enviada inicialmente por el Poder Ejecutivo.
Finalmente, se resolvió mantener vigente la Ley 11.380 vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina para cooperativas.
También continuarán vigentes la Ley 20.959, relacionada con credenciales de libre circulación para legisladores nacionales, y el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación, puntos que habían generado debate dentro y fuera del Congreso.
El Senado deberá definir el futuro del proyecto
La iniciativa había sido presentada originalmente en 2024, aunque perdió estado parlamentario sin llegar al recinto.
El Gobierno volvió a enviar el proyecto al Congreso el 26 de marzo de 2026 y logró obtener dictamen favorable el pasado 21 de abril con apoyo de sectores de PRO, Unión Cívica Radical e Innovación Federal.
Ahora, el Senado deberá debatir la propuesta en medio de un clima político atravesado por tensiones entre oficialismo y oposición, en una discusión que promete volver a instalar el debate sobre el tamaño del Estado y la simplificación normativa en Argentina.
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