Luego de más de 11 horas de una sesión marcada por fuertes cruces políticos, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el oficialismo. La iniciativa fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones.
El proyecto, promovido por el espacio La Libertad Avanza y acompañado por bloques aliados, redefine los alcances de protección de glaciares y zonas periglaciares, al tiempo que habilita mayores condiciones para el desarrollo de actividades productivas, especialmente vinculadas a la minería.
Entre quienes respaldaron la iniciativa se encuentran legisladores del PRO, la UCR, Innovación Federal y otros espacios provinciales. Incluso, el oficialismo logró sumar apoyos de algunos diputados de Unión por la Patria. En tanto, el rechazo estuvo encabezado por gran parte de ese bloque opositor, junto a la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros sectores.
Un debate con fuerte tensión política
Durante la sesión, también se intentaron incorporar otros temas al debate mediante mociones de apartamiento de reglamento, como proyectos vinculados a la situación de la prensa o la política exterior, pero ninguno logró los votos necesarios para su tratamiento.
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc, defendió la reforma y destacó la instancia de audiencia pública previa. En la misma línea, el diputado Nicolás Mayoraz sostuvo que la ley busca “aclarar conceptos” sin modificar el paradigma de protección ambiental.
Sin embargo, desde la oposición cuestionaron duramente la iniciativa. La diputada Adriana Serquis advirtió que el proyecto se basa en datos “no científicos” y alertó sobre una posible “regresión ambiental”. En tanto, el legislador Miguel Pichetto remarcó que no existen fundamentos técnicos suficientes para modificar la normativa vigente desde 2010.
Puntos clave de la reforma
La nueva ley introduce cambios en la delimitación de áreas protegidas y otorga mayor participación a las provincias en la evaluación de proyectos productivos en sus territorios. Desde el oficialismo sostienen que esto permitirá impulsar inversiones y generar empleo en regiones con potencial minero.
Por el contrario, sectores opositores y ambientalistas advierten que la flexibilización podría poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para millones de personas.
Un escenario abierto a nuevas discusiones
El debate dejó expuesta una fuerte división en torno al equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para potenciar la producción, sus detractores anticipan posibles conflictos judiciales y sociales.
Con la sanción de la norma, se abre ahora una nueva etapa en la que su implementación y sus efectos concretos serán observados de cerca tanto por actores políticos como por organizaciones ambientales en todo el país.
La sesión completa
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